Conseller. Gabriel Subirats - Archivo

Conseller. Gabriel Subirats - Archivo

Redacción MenorcaMaó20/08/10 0:00
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El conseller de Servicios Generales y Trabajo, Gabriel Subirats, confirmó ayer que la liquidación efectiva del ejercicio 2008 obligará al gobierno insular a retornar al Ejecutivo central la cantidad de 1.670.657 euros. Al igual que los ayuntamientos, el Consell, como entidad local, también se ve afectado por la desviación del cálculo que realizó el Ministerio de Economía y Hacienda sobre la recaudación de impuestos, debido a la caída que éstos sufrieron con la crisis.

El responsable de las finanzas del Consell, Gabriel Subirats, declaró ayer que la cifra que debe reembolsar la institución es "una cantidad significativa", que se queda a unos 389.000 euros del total que deben devolver el conjunto de los ayuntamientos menorquines (2.059.624 euros, según la liquidación provisional publicada por el Ministerio).

Según Subirats, la noticia supone "una merma más" en la financiación del Consell y una dificultad añadida para la confección de los presupuestos de 2011. El saldo a favor del Gobierno es la consecuencia de "una sobrefinanciación" y del "impacto repentino" de la recesión económica en 2008, señaló el conseller, quien no obstante subrayó que las cuentas de la Corporación –en aquel año el Presupuesto ascendió a 65,8 millones de euros–, se ciñeron a esas previsiones, incluidos los gastos, por lo que confió en que en los ejercicios sucesivos "las previsiones hayan sido más ajustadas".

Al igual que manifestaron los alcaldes al conocer el resultado de la liquidación, Subirats mostró su deseo de que las negociaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Federació d'Entitats Locals de Balears (FELIB) con el Gobierno central logren ampliar el plazo de pago al máximo, y que las cantidades que se tienen que retornar "se vayan descontando de las mensualidades" transferidas desde el Estado a la institución.

La FEMP ha solicitado además al Ministerio de Economía que deje sin efecto la prohibición a los ayuntamientos y entidades locales de endeudarse en 2011, una restricción que podría levantarse a través de la introducción de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.