El Consell apoyará el recurso de amparo que presentará el Real Aeroclub de Mahón contra la resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por la que se multa a la entidad por la realización de vuelos de vigilancia forestal.
La consellera de Cooperación Local, Susanna Gomila, quien el jueves se reunió con el presidente del Aeroclub, José Luis Barrero, declaró que se dará ayuda jurídica, si la asociación lo requiere, "o de cualquier tipo", ya que el gobierno insular considera desproporcionada la multa de 135.000 euros impuesta por AESA.
La consellera ha solicitado una reunión urgente con el director general de Aviación Civil y presidente de la Agencia Estatal, Manuel Ameijeiras, para tratar sobre este expediente, que inicialmente se abrió como una falta leve y con una posible multa de 44.000 euros. "Queremos saber por qué se ha cambiado la tipología de la sanción", afirmó ayer Gomila, al tiempo que recalcó que la colaboración del Aeroclub de Maó con el Consell, para la vigilancia forestal y la prevención de incendios en los meses de verano, nunca constituyó una actividad comercial.
La petición formal de este encuentro de la consellera con el responsable de AESA se remitió ayer oficialmente a Madrid desde la sede del Consell.
El equipo de gobierno de la institución, a través de un comunicado, manifestó su desacuerdo con la sanción impuesta al Real Aeroclub de Mahón, "sobre todo teniendo en cuenta que la actividad desarrollada entre los años 2005 y 2008 tenía finalidades sociales, no comerciales".
En este sentido, el Consell recuerda que la denuncia presentada por la Asociación Española de Compañías de Trabajos Aéreos (AECTA) consideraba competencia desleal la vigilancia forestal realizada de manera voluntaria por los pilotos del Aeroclub.
Cautela
El presidente del Aeroclub, José Luis Barrero, se mostró satisfecho tras la reunión mantenida con la consellera de Cooperación Local aunque cauteloso a la hora de evaluar qué puede suceder ahora con la sanción y si la entidad acudirá a la vía del contencioso judicial, en el supuesto de que AESA desestime el recurso de amparo. Por otro lado, Barrero afirmó que no ha existido ningún contacto con la asociación empresarial que presentó la denuncia ante el Ministerio de Fomento ni conoce a ninguna de las compañías asociadas.
Por parte de los abogados que representan a AECTA en este conflicto, se señaló que la multa impuesta al Aeroclub de Maó es una decisión de la Agencia de Seguridad. "Nosotros sólo denunciamos unos hechos, y es que estaban realizando una actividad para la que no estaban autorizados", señalaron fuentes de la asociación, a la vez que recordaron que, en su denuncia, "no entramos en si existía ánimo de lucro o no, ni tenemos nada en contra de nadie, simplemente llevamos años luchando contra el intrusismo profesional".
La misma portavoz aseguró que el momento económico actual "es delicado para todos, para las compañías de trabajos aéreos también, y existe mucha burocracia y un control sobre ellas muy fuerte, pasan inspecciones, pagan impuestos y permisos para contar con sus autorizaciones", argumentó, aunque sin especificar si alguna de las compañías asociadas podría plantearse realizar trabajos de vigilancia forestal en Menorca."No somos los malos, existen más de cien empresas de trabajos aéreos y nosotros defendemos al sector en general", aseguraron dichas fuentes de AECTA.
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