Un 9,5 por ciento de las obras en rústico acaba en demolición

La restitución voluntaria al estado original de los terrenos, por parte de los propietarios o promotores, supone la reducción de la sanción del Consorcio en un 50 por ciento del coste de las obras.

Según informó ayer la Conselleria de Ordenación del Territorio, cuyo titular, Joan Marqués, preside el Consorcio de protección del suelo rústico, en los cuatro años y medio de funcionamiento de este organismo –que aglutina a todos los ayuntamientos de la Isla-, de los 294 expedientes abiertos 92 fueron relativos a actuaciones ilegales y 53 fueron archivados, en la mayoría de los casos por haberse podido legalizar obteniendo el correspondiente permiso municipal.

El Consorcio centra su actividad en las labores de vigilancia y control de las edificaciones en terrenos rústicos, con el fin de detectar las posibles ilegalidades en su fase inicial, así como en el seguimiento de aquellos proyectos que han sido objeto de un expediente de legalización.

En el caso de que los promotores de las construcciones declaradas ilegales se nieguen a restituir el estado original del suelo y agoten sus posibilidades de recurrir ante la Administración, el Consorcio puede actuar de forma subsidiaria y ejecutar las demoliciones, lo que supone para los particulares el pago del cien por cien de la multa y del coste de los trabajos de derribo. En dicha situación se encuentran, según señaló Marqués, tres construcciones situadas en los municipios de Maó, Es Migjorn Gran y Sant Lluís. En este último municipio se halla una de las que más polémica ha suscitado, la vivienda situada en terrenos anexos a las Bodegas Binifadet y propiedad del arquitecto Lluís Vives. El conseller afirmó que dicho expediente está en fase de tramitación final ante los juzgados para poner fecha a la demolición.