Los sectores náutico y pesquero de la Isla temen que la futura privatización del varadero del Cós Nou en el puerto de Maó repercuta en un incremento de las tarifas de reparación y mantenimiento de embarcaciones. Hace unos días, el presidente de Autoridad Portuaria de Balears (APB), Francesc Triay, acompañado por el alcalde de Maó, Vicenç Tur, y el presidente del Consell, Marc Pons, dieron a conocer las bases y el pliego de condiciones para explotar dicho varadero. La adjudicataria podrá gestionar la nueva zona técnica náutica de 36.781 metros cuadrados durante un máximo de 25 años y deberá pagar al año a APB en concepto de canon un mínimo de 258.901 euros. Además, la concesionaria deberá acometer una inversión millonaria para incluir en el proyecto los requisitos impuestos por APB, como la instalación de un travelift de 150 toneladas y varios edificios para talleres y servicios a los trabajadores.
Tanto Triay como Tur y Pons destacaron que la nueva instalación convertirá el puerto de Maó en un punto de referencia de la reparación naval y náutica en el arco mediterráneo, y además incidieron en la mano de obra especializada que demandará el varadero, algo más de un centenar de puestos de trabajo. Sin embargo, los sectores náutico y pesquero menorquines tienen sus dudas sobre los futuros beneficios apuntados y reclaman a Autoridad Portuaria de Balears que en el concurso valore más aquellas propuestas que presenten tarifas competitivas y no sólo las que están dispuestas a pagar un canon mayor. La mayoría de los empresarios náuticos saludan de forma unánime la decisión de APB de obligar a la nueva concesionaria a instalar un travelift de 150 toneladas capaz de mover veleros de hasta 30 metros de eslora. De esta forma se da respuesta a una histórica demanda del sector que en la actualidad debe desplazarse hasta Palma o los puertos de la Península para pasar la revisión anual de las embarcaciones o reparar cualquier desperfecto con el consiguiente gasto en combustible y estancias. Pero tras la instalación del reivindicado travelift el sector vaticina el incremento de las tarifas que la concesionaria aplicará a los servicios prestados.
Demasiadas exigencias
Eduardo de la Cruz, socio de la empresa de "golondrinas" Rutas Marítimas de la Cruz, teme que las excesivas condiciones impuestas a la futura adjudicataria por parte de APB, en cuanto a la construcción de instalaciones y prestación de servicios, termine repercutiendo finalmente en los precios a pagar por los usuarios. "La concesionaria deberá construir talleres y edificios de servicios. Son muchas las exigencias y esto encarecerá el proyecto que seguro repercutirá en la tarifa del servicio que nos afectará a todos y más en tiempo de crisis", apuntó. Para Pedro Pons Cardona, propietario de la firma Pedro's Boat Centre, la excesiva cuantía del canon impuesto por APB y los requisitos a cumplir impedirán que alguna empresa menorquina licite en el concurso del varadero. "La gestión irá a manos de capital foráneo", auguró y explicó que la decisión puede dar la puntilla al sector en Menorca si no se actúa limitando las tarifas. "Éste es un puerto que muchos ya consideran caro y pueden terminar de hundir lo poco que queda. La cuestión es muy delicada y aunque el alcalde y Marc Pons lo ven como una gran cosa no saben claramente lo que se avecina", advirtió el empresario.
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