La Asociación de Comerciantes de Menorca (ASCOME) advirtió ayer que la aprobación del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Menorca elaborado por el Consell podría suponer el cierre en los próximos cinco años de más de cien negocios locales y la pérdida de 500 puestos de trabajo directos e indirectos. ASCOME considera que esta normativa supondrá "un duro golpe" para las pequeñas y medianas empresas del comercio de alimentación "que verán peligrar su subsistencia" al abrir las puertas a la implantación de grandes cadenas de distribución. "Hay estudios que demuestran que por cada empleo que genera la distribución se destruyen tres o más puestos de trabajo en el pequeño comercio", señalan representantes del sector de la alimentación. La asociación va incluso más allá y asegura que no sólo afectará a los supermercados, sino a otros sectores vinculados como la industria agroalimentaria de Menorca, los distribuidores locales, productores y los industriales relacionados con la construcción, entre otros.
Críticas
Precisamente ayer mismo se reunieron en Ciutadella varias empresas de alimentación (supermercados, colectivos dedicados a la distribución, comercialización y producción) asociadas a ASCOME, para analizar el impacto que tendrá la aprobación del Plan. De hecho, anunciaron a través de un comunicado la presentación de alegaciones a la normativa que el equipo de gobierno (PSOE-PSM) del Consell tiene previsto aprobar esta mañana en un pleno extraordinario. Denuncian que el avance del proyecto presentado en 2009 difiere del que se aprobará hoy "el último día hábil del verano". Afirman que la rapidez con que se ha cocinado el plan sólo beneficia a unos pocos en perjuicio de los negocios ya consolidados. Aseguran además que la crisis exige ser intervencionista en una situación tan delicada "del que dependen tantas familias".
La críticas de ASCOME al plan insular que regula el sector comercial se suman a las realizadas este miércoles por el PP quien advirtió que el Consell puede incurrir en "fraude de ley" al no tener competencias en materia de comercio. Ésta acusación fue rebatida ayer por la consellera insular de Economía, Antònia Allès, apoyando su argumentación en el informe jurídico realizado por los técnicos del Consell "No sé si es por ignorancia o por intereses ocultos, pero el PP sólo quiere levantar sospechas sobre un plan que se ha realizado con total trasparencia", apuntó. Al respecto señaló que los artículos 58 y 59 de la Ley de Ordenación de Actividades Comerciales de Balears, permite a los consells la elaboración y aprobación de un plan director sectorial de equipamientos comerciales, el Plan Territorial Insular y las Directrices de Ordenación del Territorio.
Asimismo insistió en que el apartado del Plan referente a grandes establecimientos comerciales ofrece mayores ventajas a las empresas ya instaladas que a las de fuera, en respuesta a las mismas críticas. En este sentido remarcó que los grandes establecimientos comerciales ya existentes de más de 400 metros cuadrados que quieran ampliar un 25 por ciento la superficie de venta, sólo necesitarán una licencia municipal y quienes quieran acercarse a los 1.500 metros cuadrados deberán solicitar una licencia autonómica que debe ser resuelta en tres meses (si no hay respuesta se entenderá dada). Además, la parcela de los establecimientos que pretendan superar estos 1.500 metros cuadros, deberá cumplir un plan especial, los requisitos de la ley autonómica y aquellos incluidos en el nuevo Plan Director Sectorial de Equipamientos relativos a aparcamientos, anchura de calles, seguridad, carga y descarga, etcétera.
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