El pasado 5 de marzo se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor de la denominada Ley de Dependencia, y desde entonces hasta el 30 de junio de 2010 en la Isla se han presentado 2.086 solicitudes en la Isla, de las cuales 1.781 han sido dictaminadas positivamente como dependientes. De dicha cifra, 1.283 están recibiendo actualmente o bien ayuda asistencial o una prestación económica, mientras que el resto, aproximadamente unas 500 personas, están a la espera de que se acabe de tramitar su solicitud por parte del Govern. Así lo explicó ayer en Ciutadella la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del Govern, Fina Santiago, durante su visita al centro sociosanitario de Santa Rita.
Santiago puntualizó que la demanda mayoritaria actualmente es de ayuda económica debido "a un problema estructural" que justifica en el hecho de que alrededor del 80 por ciento de las personas dependientes son mayores de 80 años "y tienen cierta resistencia a ir a un centro de día o a una residencia porque todavía no lo valoran como un servicio público". Además, añade que en la coyuntura actual de crisis se ha producido un incremento de solicitudes de ayuda económica por parte de gente que se ha quedado en paro y ahora dispone de más tiempo para cuidar de sus familiares.
El presidente del Consell, Marc Pons, reconoce que en el desarrollo de la ley se va progresando "paso a paso", uno de los cuales se dio ayer con la firma de un convenio de colaboración entre la administración insular y el Govern por un montante económico de 2.080.061 euros para financiar 64 plazas de residencia en Santa Rita, lo que implica la creación de diez más de las que existían hasta ahora, además de 20 del centro de día, así como otras 24 habilitadas en el Centre de Dia d'Alzheimer en el municipio de Maó. Todas las plazas anteriormente citadas, además de las que anualmente concertan el Consell y el Govern en las residencias de Maó, Ciutadella, Alaior, Ferreries y Es Mercadal, están adscritas a la red pública de Serveis d'Atenció A la Dependencia.
Según explicaron ayer en Santa Rita, en los últimos meses se vienen aplicando una serie de medidas dirigidas a optimizar los recursos públicos y mejorar la eficacia de la prestación de servicios, que se derivan del proceso de transferencia del Govern al Consell de la competencia en política de protección y atención a las personas dependientes, según se recoge en el Estatut de autonomía. Entre dichas acciones figura el traspaso de personal, concretamente de dos valoradores y otros tantos trabajadores sociales que se encargarán de detectar las situaciones de riesgo y de las necesidades de las personas dependientes o sus familias. El objetivo es obtener valoraciones para que después desde el Govern se pueda determinar el grado y nivel de dependencia y así asignar el recurso que se considere más adecuado.
Proximidad
Por su parte, Santiago destacó durante la comparecencia "la decisión clara" por parte del Govern para "en la situación de crisis actual, apostar por la Ley de Dependencia y los servicios sociales". La consellera reconoce que uno de los objetivos del área que dirige es "acercar a los ciudadanos la gestión", algo que según explica pasa por la colaboración con los ayuntamientos y el Consell. El traspaso de nuevo personal como valoradores incide según la consellera de Acción Social en la Isla, Noemí Gomila, "en conseguir la proximidad y mejorar la atención por municipios".
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