"Estamos en un momento histórico que exige un reflexión seria sobre dónde nos encontramos, qué tenemos, para qué lo tenemos y si lo queremos. Leer el artículo 103 de la Constitución es una utopía. España ha asistido a una pérdida de valores y rigor en la gestión pública. Hay que volver a ese rigor, a la austeridad, la honestidad y a una justicia que funcione de manera rápida y eficaz".
Pedro Pons Morales, presidente de la Asociación de Asesores Empresariales de Menorca, acudió al foro con una lectura eminentemente práctica de cómo repercute el funcionamiento de la administración en los particulares, pero no se privó de compartir con sus contertulios su convicción de que el sector público está en una encrucijada fruto de los años del todo vale, de la apatía de la sociedad y de la acuciante necesidad de cambio.
Su convicción era compartida y no faltaron fórmulas que, sin ser mágicas, podrían contribuir a juicio de los invitados, a devolver al sector público a la senda en la que la propia Carta Magna lo dejó, tras décadas de centralismo y autocracia, a "poner orden en la casa", en palabras del propio Pons.
Para Antón Soler, se impone que los ciudadanos sean conscientes de que "las necesidades son ilimitadas, pero los recursos finitos" y la conveniencia de "buscar sinergias entre un sector público potente, un sector privado fuerte y una ciudadanía emergente y paciente que ayude a cohesionar ambos sectores". El presidente de las asociaciones vecinales menorquinas quiso romper una lanza en favor de la Administración, apuntando la necesidad de dotarla mejor para que pudiese cumplir más eficazmente con sus funciones.
Redimensionar el sector público, reduciendo el número de entidades vinculadas, evitando duplicidades y solapamientos y mejorar el sistema de financiación, principalmente en las entidades locales, fueron algunas de las soluciones apuntadas tanto por el doctor Bartomeu Colom como por el ex secretario municipal Agustí Estela.
Por su parte, Colom abogó por la eliminación de algunos ejecutivos y la mancomunación de servicios, mientras que Estela añadía la necesidad de definir el marco competencial de cada administración, clarificar el sentido del silencio administrativo y de rebajar el número de cargos de libre disposición y de contrataciones externas.
Estela hizo una decidida apuesta por que se vuelva a dar importancia a las funciones de secretaría e intervención y a los técnicos de carrera, a fin de que la toma de decisiones esté guiada por criterios técnicos y jurídicos y no políticos. Algo que, a su juicio, está produciendo una "gran desmoralización en el sector público local".
En similar sintonía se expresó Pons, para quien cargos públicos y su eventual personal de confianza debería tener un marcado perfil técnico o una experiencia vital y profesional que acreditase unos conocimientos mínimos para los cargos que ocupan. Además, el presidente de los asesores empresariales insistió en la necesidad de frenar la inseguridad y la discrecionalidad y dotar de medios a la Justicia para que sea rápida y eficaz.
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