Paciente: Sector público. Equipo facultativo: Bartomeu Colom Pastor, Antón Soler, Agustí Estela y Pedro Pons Morales. Sintomatología: insuficiencia presupuestaria, desequilibrio, desmotivación del funcionariado, inseguridad jurídica, ineficiencia, lentitud, descontrol, pérdida de valores. Pronóstico: Claramente mejorable.
Un símil médico podría servir para resumir el Foro Menorca sobre "Administración, ciudadanía y crisis" que se desarrolló en la mañana de ayer en los Apartamentos Royal de Maó. El encuentro, promovido por Editorial Menorca, contó con la presencia de su presidente, José Guillermo Díaz Montañés, y fue moderado por Josep Bagur y Juan Carlos Ortego, director y subdirector de "Es Diari", respectivamente.
El Foro Menorca comenzó con unas breves palabras de Díaz Montañés, quien agradeció el tiempo que los invitados estaban dispuestos a compartir para, "desde una perspectiva amplia, siempre positiva, dar pautas que ayuden a la sociedad menorquina a avanzar de forma más segura".
Ya metidos en harina, los cuatro invitados ofrecieron una perspectiva realista- desoladora y plagada de contradicciones, por tanto- del sector público en nuestro país. De esas contradiciones dió cuenta Soler al explicar que de las consultas que había realizado se desprendía una dicotomía entre los que entendían que la Administración estaba hiperdimensionada y era lenta e ineficaz y los que, por contra, denunciaban su infradotación e infravaloración.
El desequilibrio entre sus dimensiones y los servicios que presta fue una de los primeras notas características señaladas por los expertos, y no tanto por lo que se refiere a la administración, propiamente dicha, sino más bien por la gran cantidad de entidades vinculadas, organismos autónomos, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones, entre otras. "Este sector público en la oscuridad, que en Baleares alcanza las 300 unidades, da miedo", reconoció Colom.
A este desequilibrio contribuyen, asimismo, el gran número de cargos de confianza y de ejecutivos de los que depende la gestión pública, con el consiguiente peligro de que sean criterios políticos y no técnicos los que guíen las decisiones de gasto, y la insuficiencia de recursos, que exigiría una administración cuidadosa de los mismos.
Precisamente, esta insuficiencia de recursos -muy patente por lo que respecta a la Administración local- fue destacada por los invitados, para quienes la racionalización del sector público, la clarificación competencial o la mancomunación de servicios serían requisitos imprescindibles a la hora de evitar el despilfarro de recursos o su malversación.
En este sentido, fueron dos los participantes que apuntaron la necesidad de un mayor control en el ámbito de lo público. Por un lado, Estela alertó de como los controles previos se habían ido diluyendo al modificarse el procedimiento de selección de secretarios e interventores, sin que la supervisión judicial pusiese coto a los desmanes, habida cuenta la lentitud con la que la Administración de Justicia da respuesta a las demandas de los particulares, según apuntó Pons.
El análisis del estado del sector público -tan crudo en algunos momentos que hizo comentar a Estela "no puedo compartir una situación tan catastrofista", - se completó con el apunte que los invitados hicieron sobre la seguridad jurídica. La dispersión normativa, el régimen del silencio administrativo, la falta de rigor técnico y jurídico y, en el caso del archipiélago, la falta de consenso en torno al modelo territorial contribuyen a la discrecionalidad que desincentiva a funcionarios e inversores.
Así las cosas, tratamiento. Complejo por el artículo 103 de la Constitución y la vuelta a los valores.
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