La comisión balear de Medio Ambiente (CBMA) del pasado miércoles fue escenario de una división de voto entre los representantes del Consell de Menorca. Por un lado, el socialista Joan Marquès, conseller de Ordenación del Territorio, levantó la mano para que no se realizara un estudio ambiental de la prolongación del dique de Ciutadella. Por otro lado, Josep Suárez, de PSM-Els Verds y director de la Agencia de la Reserva de la Biosfera, respaldó que sí se realizara el estudio. El resultado final de la comisión fue un empate, y se pospuso el debate para una próxima comisión, con lo que se retrasa unas semanas la tramitación del proyecto.
Para Marc Pons, presidente del Consell, "los períodos de 'impasse' no son buenos en proyectos como el del dique de Ciutadella, puesto que ya arrastra un retraso más que evidente". Así, y después de que el PSM emitiera el miércoles un comunicado pidiendo que se realizara el estudio de impacto ambiental, Pons considera que "viendo que hay posturas diferentes, es importante poder llegar a acuerdos que permitan acelerar el proceso administrativo del dique de Ciutadella". La aceleración pretendida por el presidente sólo es posible si se desiste de realizar la evaluación de impacto ambiental, es decir, si algunos miembros de la comisión balear de Medio Ambiente cambian el sentido de su voto. Y de los menorquines presentes en la comisión, los que no votaron a favor de esta opción fueron los de PSM-Els Verds (Josep Suárez y Ramon Orfila).
Pons en ningún momento se refiere directamente a estas dos personas, pero sí asegura, en relación a la división de voto en el Consell, que "es aquí donde hay que trabajar para resolver una posición", aunque añade que "es un hecho que se ha producido en la mayoría de instituciones que están presentes en la CBMA".
El presidente considera que la raíz de la situación es la existencia de informes técnicos que avalan tanto uno como otro voto. "Este hecho provocó un debate abierto, y corresponde a la comisión balear de Medio Ambiente dar una respuesta, dentro de la legalidad, que permita la agilización de la obra del dique", asegura Pons.
Parece, de este modo, que el PSOE de Menorca no está por la labor de ceder a las peticiones del PSM y permitir la realización del estudio de impacto ambiental. Este desencuentro de posturas entre socialistas y nacionalistas se suma a la que también se ha vivido en estos días con el caso de Son Quim. En este tema, los nacionalistas se molestaron primero por la decisión del presidente de emitir una nota de prensa sin consultar a sus socios de gobierno, lo que motivó que el PSM emitiera su propio comunicado un día después desmarcándose de la polémica concesión de la declaración de interés general al negocio participado por el diputado socialista Josep Carretero.
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