El IB-Salut interpondrá hoy mismo una denuncia en la Comisaría de Maó por los actos vandálicos producidos en las instalaciones del antiguo hospital Verge del Toro y que se saldaron el pasado fin de semana con la aparición en plena calle de informes de asistencia del 061 con datos personales de pacientes.
Así lo confirmaron fuentes del IB-Salut de Menorca tras admitir que dichos papeles en ningún caso deberían estar "esparcidos por la calle", si bien insistieron a continuación que no se trata de datos estrictamente confidenciales, sino de "documentos utilizados en los traslados de las ambulancias" y que, en su caso, la custodia dependería de la empresa concesionaria del servicio. Las mismas fuentes recalcaron que posiblemente se "traspapelaron de forma accidental" durante el cambio a las nuevas dependencias hospitalarias del Mateu Orfila y el saqueo y los actos vandálicos sufridos por el "Verge del Toro" han sacado a la luz. En este sentido, subrayaron la dificultad de controlar los actos de gamberrismo que se están cebando con la vieja residencia. No obstante, ayer mismo el IB-Salut procedió a colocar una plancha de madera en la puerta y la ventana de la antigua caseta utilizada por el personal del 061, de donde previsiblemente salieron los informes asistenciales encontrados en plena calle.
Desde el IB-Salut también insistieron en que el centro hospitalario menorquín cuenta con un certificado de calidad ISO que acredita la confidencialidad de los historiales clínicos y, por tanto, recalcaron, que los datos personales de los pacientes que maneja, están perfectamente custodiados.
El PP pide responsabilidades
El presidente del Partido Popular en Maó, Simón Gornés, exigió ayer responsabilidades al IB-Salut por haber vulnerado el deber de custodia de una documentación confidencial de titularidad pública a la que está obligado como exige la Ley de Archivos y Patrimonio documental de les Illes Balears. Gonés, insistió en que esta dejación de funciones implica una sanción administrativa "muy grave", cuya multa puede oscilar entre los 50.000 y 600.000 euros.
Los populares exigieron además que de forma "urgente e inmediata" se tomen las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la antigua residencia hospitalaria y su contenido. Asimismo, reclamaron el cumplimiento de los acuerdos institucionales adoptados en los plenos de los ayuntamientos de Menorca, el Consell y el Parlament sobre el futuro destino del inmueble y su conversión en un centro sociosanitario. Al respecto, el Partido Popular recordó ayer que en mayo de 2009, el Govern ya anunció la redacción de un plan de usos y en enero de este mismo año, el director general de Planificación y Financiación de la Consellería Balear de Salud, Juli Fuster, avanzó que buena parte de esos usos están recogidos en el Plan de Autonomía 2010-2017 presentado por el Consell de Menorca en una reunión de la Junta de Alcaldes. Igualmente, los populares relataron que el pasado mes de abril instaron al Govern en el Parlament a redactar el plan de usos en un período máximo de tres meses, (plazo que finaliza a finales de julio) y el 27 de abril también se aprobó un mandato parlamentario que insistía en la necesidad de evitar la degradación del edificio. "A pesar de todos estos acuerdos, no se ha hecho nada para evitar el expolio", lamentó Simón Gornés.
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