Movilización. Los trabajadores, el pasado día 8, durante la concentración celebrada a las puertas de la sede del Consell en Maó - Archivo

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Cobertura de gastos para la matrícula y el material en estudios universitarios, masters y postgrados, flexibilidad horaria para los trabajadores con hijos en edad escolar, ayudas económicas por hijo, por matrimonio, pareja de hecho, divorcio, viudedad y orfandad, así como aportaciones para el pago de facturas médicas o la asistencia de los hijos a escuelas infantiles y actividades extraescolares fuera del periodo lectivo.

Estas son algunas de las ventajas de que disponen los empleados del Consell y que están recogidas tanto en el acuerdo marco que rige para los funcionarios (14/09/2006), como en el convenio colectivo que regula las condiciones del personal laboral, (31/05/2007), ambos publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Todos ellos sufrirán en sus bolsillos, a partir del 1 de julio, el recorte salarial aprobado por el Gobierno central y que la institución menorquina está obligada a aplicar para contribuir a la reducción del déficit público. El ahorro en los sueldos de la plantilla se estima que será de 1.100.000 euros y la bajada en la nómina será del 0,56 al 7 por ciento según las categorías profesionales y los sueldos existentes. Un amplio abanico en el que no faltan, aunque sea en un porcentaje minoritario, los que perciben menos de 1.500 euros al mes. La existencia de los denominados 'mileuristas' entre el personal de la Corporación y el hecho de que, a diferencia de directores insulares y otros cargos de confianza, los trabajadores públicos pasen por un proceso de oposición y selección, son argumentos utilizados en la movilización contra las medidas gubernamentales de recorte.

Apoyo a los hogares

El convenio colectivo, alcanzado en tiempos de bonanza económica, en los que nada hacía presagiar a corto o medio plazo una crisis como la actual, contempla por ejemplo la creación de un fondo cultural y de ocio dotado con 9.000 euros, al que renunciaron los propios trabajadores cuando, en diciembre de 2009, se debatió el retraso en el pago de los pluses de productividad, algo a lo que se opusieron frontalmente los empleados públicos. Asimismo se establecen ayudas a la natalidad y la adopción de 1.200 euros por hijo (cabe recordar que el Gobierno central ha suprimido el denominado cheque-bebé de 2.500 euros); y la ayuda de 2.000 euros por matrimonio, equiparando a tal efecto a las parejas de hecho siempre que acrediten su inscripción en el registro correspondiente.

Mejoras de tipo social estas dos últimas incluidas en el capítulo de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar del convenio colectivo, que además incluye ayudas económicas para los estudios de los hijos y sus actividades extraescolares, así como para los pequeños de 0 a 3 años, por los que se percibirá una ayuda si ambos progenitores trabajan, tanto si el niño asiste a la 'escoleta' como si no.

A este respecto el conseller de Servicios Generales y Trabajo, Gabriel Subirats, afirmó ayer que el convenio colectivo vigente en la institución es "socialmente avanzado" y confirmó que las ayudas por hijos y los estudios de los mismos son acumulables. Subirats recordó que la conciliación de la vida laboral y familiar varía según los departamentos y que un 40 por ciento del personal de la Corporación, que trabaja en áreas asistenciales, tiene horarios más complicados que los trabajadores administrativos; pese a ello, el conseller señaló que en muchos centros se consiguen sumar jornadas de descanso y horarios anti-stress. Subirats declaró que el gobierno insular no se plantea modificaciones en el convenio, aunque su vigencia está a punto de finalizar y se entra en una fase de renegociación.