Los inspectores de la Conselleria de Turismo han realizado en lo que va de año 49 inspecciones a otras tantas villas, apartamentos, viviendas y casas rurales de Menorca que se sospecha se comercializan en el mercado del alquiler vacacional sin disponer de las preceptivas autorizaciones de la Ley General Turística y de las inscripciones obligatorias que estipula el Decreto 60/89. Así lo confirmó a "Es Diari" el conseller menorquín de Turismo, Lázaro Criado, quien explicó que se han levantado, además, por los servicios de Inspección del Consell, 13 actas de constatación de hechos.
Criado comentó, por otro lado, que desde la Conselleria se está realizando también la labor de comprobación para verificar la situación legal de las más de 12.500 plazas turísticas que se comercializan en Menorca a través de 50 páginas web, de cuyo contenido ha dado cuenta ASHOME al Consell. Pese a ello, quiso aclarar que "ésta no es labor que pueda realizarse en un día".
El gerente de la Asociación Hotelera de Menorca, Joan Juanico, afirmó, por su parte, que desde la patronal, presidida por Joan Melis,"esperamos y confiamos que el conseller dé respuesta, como es su obligación, a todas y cada una de las 50 solicitudes de información que le hemos hecho llegar en el transcurso de los tres últimos meses". Aclaró que ASHOME "ha puesto simplemente una serie de hechos en conocimiento de la institución que tiene en este momento las competencias en materia de ordenación e inspección turística, porque así se decidió, además, por expreso mandato de la asamblea general".
Explicó que, tras la denuncia de la patronal, "existe la sospecha fundada que tras la comercialización de estas plazas turísticas se esconde, en realidad, un fenómeno de economía sumergida que perjudica a las empresas legalmente constituidas que se dedican a esta actividad y que pagan religiosamente sus impuestos". Juanico expuso las repercusiones que esta realidad puede tener sobre la pérdida de empleo directo en el sector, si llega a comprobarse, como se tiene la sospecha, que el número de plazas no regladas en Menorca podría equivaler al 20 por ciento de la oferta legal, cifrada en unas 49.000 camas.
El gerente de ASHOME recordó, a este respecto, que en el caso de Catalunya, la Generalitat ha conseguido que se retire el IP de las páginas web que comercializan servicios turísticos ilegales. La situación llevó en un primer momento al gobierno catalán a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que dan acceso a internet en el territorio catalán que bloquearan las páginas web que ofrecen servicios y productos turísticos de forma ilegal. Esta medida llegó después que la Conselleria de Innovación, Universidades y Empresas, de acuerdo con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, detectase que un tour operador estaba prestando ciertos productos turísticos sin licencia, atentando de esta manera contra los derechos de los consumidores reconocidos por la normativa de turismo catalana.
Según un estudio de la Agencia Catalana de Consumo, el sector turístico es el que necesita una mayor adaptación a la normativa vigente en materia de comercio electrónico. De 62 empresas inspeccionadas relacionadas con el turismo, el 95 por ciento incorporaban cláusulas abusivas, por lo que la Generalitat catalana ha considerado prioritario actuar en este sector.
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