Las intenciones de APB pillan fuera de juego a la clase política de la Isla

"Estamos a favor de que se impulsen actividades con repercusión económica para el puerto de Maó, pero nunca a costa de una decisión unilateral y poco transparente, muy en línea de Autoridad Portuaria", apunta Irene Coll, presidenta de Unió Menorquina. En este punto, Coll recuerda que había visto actuaciones en las que Autoridad Portuaria no había tenido inconveniente en "comerse algo de lámina de agua" y que bien podía hacerlo en este caso para no tocar las viviendas.

Quien fuera alcaldesa de Es Castell, explicó que había tenido ocasión de participar en las asambleas de APB y que la falta de concreción respecto de los proyectos a desarrollar en la rada mahonesa han sido una constante. "Lo hacen todo de una manera tan solapada que, cuando la gente se da cuenta, la cosa está hecha", añadía Coll.

En el mismo sentido, se expresaba Miquel Camps, responsable de política territorial del GOB. "Autoridad Portuaria sigue siendo un organismo muy centralizado, con un único interlocutor que está en Palma. Es una administración, que cuando comienza a hacer algo, toda el mundo la mira con miedo. Su reputación se la ha ganado a pulso, por ser poco transparente y crear intranquilidad en los ciudadanos", comentaba el responsable de política territorial del GOB.

Camps abogó porque APB esperara al Plan Insular de Costa, uno de cuyos actos reivindicativos realizó la entidad ecologista en Cala Figuera, para definir el futuro de la zona, en la que, según recuerda el GOB, se ha planteado desde un dique para cruceros con estación de autobuses, incluida, hasta un puerto deportivo. Más allá iba Mateu Llabrés, de Esquerra Unida-Esquerra de Menorca. "Todo lo que suponga una privatización total supondrá defraudar las expectativas de tanta gente que ha luchado por ver libre Cala Figuera de la descarga de combustible", aseveraba Llabrés, para quien la decisión de APB de llegar a la expropiación "sin negar sus competencias, parece, de entrada, osada y contundente".

Tampoco este proceder despierta comprensión en el Partido Popular. "No veo necesidad ninguna de incorporar las viviendas a la zona portuaria. Nosotros siempre hemos defendido para Cala Figuera una zona náutico-deportiva, que sirva a los aficionados y al turismo náutico de tránsito. Donde está CLH debería haber una instalación de primer orden acorde a uno de los principales puertos del Mediterráneo. Pero esto no tendría que afectar a las viviendas", argumentó Juan Manuel Lafuente, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Maó.

En todo caso, tantos las manifestaciones anteriores, como las expresadas anteayer por el presidente del Consell y los alcaldes de Maó y Es Castell, parecen obviar el Plan de Utilización de Espacios Portuarios , cuya aprobación llevaba "implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes de propiedad privada, así como la afectación al uso portuario de los bienes de dominio público incluídos en la zona de servicio que sean de interés para el puerto".

APB- cuyo presidente Francisco Triay declinó hablar con el "Menorca"- insiste en que el plan avala sus intenciones y rechaza la falta de transparencia en su funcionamiento. No obstante, los vecinos afirman no haber recibido comunicación alguna respecto del Plan de Usos, al contrario de lo que sí sucedió, según remarcan, con el deslinde de Costas.
Consta, eso sí, un anuncio en el BOCAIB de 21 de febrero de 1998 sobre el proyecto del Plan, donde se contempla la posibilidad de examinar el documento en Maó y Palma y presentar alegaciones en el plazo de tres días hábiles, sin que las averiguaciones realizadas el día de ayer, permitieran encontrar un anuncio en boletín oficial posterior.