Quizá a la alcaldesa, Pilar Carbonero, se le olvidara tirar del rico refranero español, que advierte que el que avisa, no es traidor. O puede que, sencillamente, no se tomara en serio las advertencias de los molestos vecinos del Hotel Esmeralda, que, por primera vez, alertaron en marzo al Ayuntamiento con trasladar el expediente de la obra ante el fiscal. Desde ayer, las palabras han dejado de ser palabras. Los residentes han pasado de las amenazas, a la acción, y han presentado sendos escritos de denuncia a la Fiscalía de Menorca, que apuntan en una doble dirección, y que se dirigen, por un lado, contra Pilar Carbonero, en su doble condición de alcaldesa de Ciutadella y concejala de Urbanismo, a la que piden que se investigue por la presunta comisión de un delito de prevaricación; y, por otro, contra los dos antiguos responsables de este departamento, Avel·lí Casasnovas y Llorenç Casasnovas, ambos imputados ya en diversas causas penales –caso de las ratas y caso Nerer- por supuestos delitos incurridos con motivo de sus anteriores cargos, así como contra el ex arquitecto municipal Miguel Sintes Coll, por la presunta comisión de un delito de prevaricación, otro de negociación ilícita, y otro de cohecho.
En el primer escrito, que lleva las firmas de 13 vecinos de la zona, los denunciantes recuerdan que en julio de 2009, cuando empezaron a ejecutarse las obras del complejo residencial promovido por la compañía Prisoles, la alcaldesa, Pilar Carbonero, "ya era plenamente consciente de la ilegalidad del proyecto". Así lo manifestó la primera edil a los propios vecinos durante las diversas reuniones que mantuvo con ellos, en presencia de la gerente del área de Urbanismo, Sandra Díaz, para tratar la cuestión. Recuerdan, además, que cuando la obra –en fase de excavación- se encontrada parada, por ser agosto, Carbonero ya se comprometió, tras consultar a los servicios técnicos municipales, a ordenar la inmediata paralización de los trabajos. Fundamentó esta decisión –apuntan los vecinos- "en la circunstancia de evitar males mayores al consistorio, ya que, en el improbable caso de tener que indemnizar a la sociedad promotora por revocar una licencia de obras concedida, era mejor hacerlo cuanto antes". Pese a estas palabras, las obras seguían su curso sin que el Ayuntamiento ordenase su paralización, a la vista de lo cual siguieron presentado escritos –que se adjuntan en la denuncia ante el fiscal- y manteniendo reuniones, tanto con la propia alcaldesa como con Sandra Díaz. En todas ellas, repetían que la paralización era inminente.
De acuerdo con el relato cronológico que hacen los vecinos, el permiso de obras otorgado a Prisoles expiró en febrero de este año, "sin que el Ayuntamiento haya otorgado nueva licencia ni prórroga alguna, con lo que la promotora, a día de hoy, está construyendo el edificio sin tener licencia de obras".
Los residentes consideran, por un lado, que Pilar Carbonero, "haciendo uso y abuso de su posición de concejala de Urbanismo y de alcaldesa del Ayuntamiento de Ciutadella", ha paralizado "personalmente" la tramitación de la modificación de la Ordenanza de Obras, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en septiembre de 2009. Esta modificación –apuntan- se acordó para ampliar el veto impuesto a las obras de excavación, a los meses de julio y septiembre, tras los "graves daños psicológicos" ocasionados a los vecinos por los trabajos que se desarrollaban en el solar. Exponen que lo ha hecho para "evitar su ratificación por parte del Consell de Menorca". Asimismo, argumentan ante el fiscal que la alcaldesa "no ha exigido ni ordenado" tampoco la incoación de ningún expediente para regularizar la ocupación de la vía pública –ocupación que ha operado sin contar con licencia municipal, y mediante trailers, tanto en el Paseo San Nicolás como en el Paseo Marítimo- ni el vallado del solar, tal como establece la Ordenanza municipal aplicable.
"Lo que es aún peor", según los vecinos, es que Carbonero, "ha paralizado la notificación a la promotora de la expiración del permiso de obras". La consecuencia, para los residentes, es clara: la alcaldesa de Ciutadella "sabe y conoce que la licencia de obras otorgada es ilegal" y que "periclitó hace más de dos meses, mediante su absoluta inactividad ante la promotora", pese a lo cual, "ha venido favoreciendo de forma totalmente ilegal, desde junio de 2009, los intereses de Prisoles Mediterráneo, en claro detrimento de los derechos de los vecinos, quienes –insisten-, a pesar de haber denunciado en infinidad de ocasiones los hechos ocurridos, y haber soportado molestias hasta mucho más allá del límite de lo tolerable, han visto como a día de hoy las obras continúan su curso, primero al amparo de una licencia irregular, y desde febrero de 2010, sin licencia de obras en vigor".
Los precedentes del Hotel Son Moll, en Capdepera, y del edificio de Jean Nouvel, en Eivissa, apuntan en contra
Los vecinos recuerdan, en la denuncia presentada contra la alcaldesa, que existen precedentes de casos similares, en los que han hablado los Juzgados. En concreto, mencionan el caso del Hotel Son Moll, en Capdepera, por el que el Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor, ha imputado al ex alcalde de esta localidad por un presunto delito de prevaricación, por no paralizar las obras de reforma del establecimiento, aún a sabiendas que no disponía de la preceptiva licencia. Por otro lado, la Fiscalía de Eivissa ha abierto diligencias contra la promotora del edificio de Jean Nouvel por unas grietas provocadas a los edificios vecinos.
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