El PP augura que no habrá plan de comercio en esta legislatura

Precisamente cuando se acaban de cumplir seis meses desde la entrada en vigor de la normativa cautelar, la regulación del sector comercial volvió a enfrentar al conseller del PP y a la titular de Economía, Antònia Allés, acusada por la oposición de generar inseguridad jurídica y de "espantar las inversiones, tanto las menorquinas como las de fuera" en las zonas de suelo industrial y de servicios, especialmente en Alaior, Maó y Ciutadella, los tres municipios con mayor superficie afectada y que han presentado alegaciones contra la moratoria.

Allès matizó que los tres ayuntamientos han planteado sugerencias a la norma cautelar y que, de las doce enmiendas presentadas, seis corresponden a asociaciones empresariales con intereses en los polígonos. La consellera subrayó que el plan aborda una realidad "compleja" y que Menorca es la primera isla que inicia su redacción, argumentos que no convencieron a los 'populares', para quienes la moratoria impide la entrada en la isla de cadenas que pueden ofrecer precios más asequibles a los consumidores, por lo que en realidad propicia que muchos menorquines aprovechen sus viajes para comprar o salgan a propósito para hacerlo.

La consellera responsable de Comercio defendió la tramitación "correctísima" de la norma territorial cautelar previa al plan, cuya aprobación definitiva supone, aseguró, responder a todas las enmiendas, aunque el representante del PP aseguró no haber obtenido aún contestación a sus alegaciones.

Allés afirmó que se mantiene la idea de consensuar el plan con el sector y acusó a Camps de practicar "demagogia barata" por afirmar que la política del Consell encarece los precios e invita a consumir fuera. Allés aseguró que "muchas empresas quieren seguir siendo comercio de proximidad" y advirtió al conseller del PP que "si fuera a comprar alguna vez vería el esfuerzo que están realizando de modernidad y de adaptación a la realidad".

Pero el sector comercial es campo de batalla dialéctica abonado para PP y PSM-Verds, con posturas irreconciliables en torno a la moratoria. Para Camps son las políticas del Consell, "con la pérdida de turistas" y potenciales clientes las que han perjudicado al pequeño comercio. El conseller aseguró que el gobierno insular "está condenando a los menorquines al ostracismo y a la ruina económica, con un intervencionismo asfixiante, no podemos más", añadió, "queremos hacer cosas y demostrar que se puede levantar Menorca".

En cuanto a las alegaciones presentadas a la moratoria, entre ellas se encuentran las de la cadena de supermercados Lidl, la firma Betacar, los ayuntamientos de Alaior y Maó, la Agrupación Menorquina de Comerciantes (AMECO), las asociaciones de empresarios del Polígono de Maó y Ciutadella, Fetosi Desarrollos, S.L., Construcciones Modernas Menorquinas, S.A., Unió Electrodomèstica Balear, S.A., y la Asociación del Polígono La Trotxa.

Petición unánime de mejora del servicio de Correos

Los grupos políticos aprobaron por unanimidad una propuesta del Grupo Popular relativa a la necesidad de mejorar el servicio de Correos en la Isla, así como las condiciones laborales en el mismo. Así, según el acuerdo alcanzado por el pleno, el Consell instará a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. a que mejore el servicio de las oficinas en Menorca, tanto con el aumento de medios humanos en la atención en ventanilla como en el incremento del horario de atención al público.

La situación de los trabajadores de Correos, que ha llevado a convocar paros y movilizaciones, también preocupó a los portavoces políticos y quedó recogida tanto en la propuesta como en el debate plenario. En las intervenciones se destacó asimismo la precariedad del servicio en las oficinas de Ciutadella, donde el cierre por las tardes y la reducción de personal provoca que en el horario matutino se generen largas colas de usuarios, se multiplique el trabajo para los empleados y se reduzca la calidad y la eficiencia en el servicio, aseguraron los grupos.