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La propiedad del Binibeca Club Hotel estudia presentar una querella criminal contra Antònia Allés por supuesta prevaricación en relación a la aprobación de las prescripciones que aprobó el Consell a las Normas Subsidiarias de Sant Lluís. Así lo ha confirmado a este periódico una fuente próxima a los promotores del proyecto urbanístico del controvertido establecimiento hotelero.

Según esta misma fuente, esta opción cobra fuerza a la vista de los últimos movimientos que están produciéndose en torno al Ayuntamiento de Sant Lluís. "Parece inconcebible que un partido político sea capaz de romper un pacto de gobierno cuando hay proyectos destacados en marcha, como la recepción del geriátrico o la construcción de una nueva escuela, antes de esperar a que la Justicia se pronuncie sobre la actividad de su secretaria general", sostuvo esta fuente.

La propiedad del Binibeca Club Hotel cree que el ultimátum de PSM-Verds en orden a la retirada del contencioso que enfrenta al Ayuntamiento de Sant Lluís con el Consell (al que se sumaron estos propietarios) avala que puede existir fundamento a esta querella, "más cuando llevas gastados 50.000 euros en el procedimiento y te arriesgas a una condena en costas".

Esta fuente insiste en que detrás del ultimátum hay un "ataque de nervios" que pretende evitar que la propiedad acceda al testimonio prestado por Allès ante el Juzgado número dos de Maó el pasado 26 de marzo y pueda comparar su contenido con el resultado de unas pesquisas promovidas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.

"El TSJIB planteó diferentes cuestiones, una de ellas relativa a si el acuerdo del Consell fue adoptado conforme al informe obrante en el expediente, y, según los testigos, no fue así. Si Allés sostiene lo contrario, alguien tendrá que explicarnos quién dice la verdad", argumentó esta fuente, quien añade que la propiedad del Binibeca Club Hotel tiene su confianza puesta en la vía judicial.

En este sentido, desde el entorno de los promotores del establecimiento hotelero, cuya piscina fue demolida tras su construcción amparada en la correspondiente licencia, se explica que más allá de la cuestión indemnizatoria, se espera que una instancia judicial clarifique si "somos unos promotores serios con un convenio firmado y cumplido o unos depredadores urbanísticos, como se nos acusó. Tenemos mucho dolor, mucha rabia contenida y exigimos una reparación moral".