Autoridad Portuaria pretende las viviendas de Cala Figuera

Fuentes del organismo gestor de la rada mahonesa han confirmado que estos contactos pretenden agilizar la regularización de dichos bienes y derechos, evitando así la necesidad de promover su expropiación forzosa. Asimismo, APB ha asegurado que las instalaciones que ocupaba CLH son uno de los objetivos prioritarios en esta segunda fase.

El inicio de esta segunda fase, que afecta a unos 9.300 metros cuadrados, coincide con la tramitación del expediente de expropiación relativo a los terrenos incluidos en la superficie a incoporar a la zona de servicio del puerto, ubicados en el Moll de Ponent y el Cós Nou. Pone fin a la primera fase iniciada por Autoridad Portuaria.

"En una primera fase, nos centramos en la zona del Cós Nou donde hemos ido adquiriendo diferentes terrenos. No hubo acuerdo con los propietarios de cinco solares y se pasó a la fase de expropiación forzosa, que no tramitamos nosotros sino Delegación de Gobierno. Posteriormente se ha llegado a un acuerdo respecto de dos solares y está pendiente resolver la situación de tres", explicaron fuentes de APB.

Según estas mismas fuentes, una vez avanzada esta primera fase, se ha decidido iniciar la segunda con el objetivo de armonizar la situación jurídica de los bienes afectados por el Plan de Utilización de Espacios Portuarios. "Ya existen avances respecto de algunos solares y casas", aseguraron desde el ente gestor de la rada mahonesa.

Estas actuaciones, al igual que las impulsadas en la primera fase, no tienen relación con la reversión de las viviendas de La Solana. "Lo de La Solana es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Puertos en 1992. Entonces se negoció una concesión excepcional y por un plazo limitado que se ha cumplido y, en cambio, esto viene por el Plan de Utilización del Puerto", puntualizaron desde Autoridad Portuaria.

El ente gestor confirmó, asismismo, que, con independencia de las actuaciones relativas al plan de usos del puerto de Maó, no existe ninguna situación como la de La Solana, única zona de la rada mahonesa donde fue necesario articular la solución de la concesión excepcional, al mantenerse un uso residencial, algo prohibido por la Ley de Puertos.

CLH
Las negociaciones con propietarios de Cala Figuera irán en paralelo al desmantelamiento de las instalaciones de CLH, una intervención que ha levantado numerosas expectativas entre los profesionales y los usuarios del puerto de Maó. Se perfilan para este terreno una marina seca y un aparcamiento, propuestas que están pendientes de concretar.
La ordenación de superficie terrestre de la zona de servicios del puerto en Cala Figuera debería complementarse con la de la lámina de agua, en la que tienen puestas sus expectativas, entre otros, el Club Marítimo de Mahón, tras perder la gestión de los amarres del Moll de Llevant.

El impacto de la Ley de Costas
La modificación en 1988 de la Ley de Costas puso fecha de caducidad a los derechos de algunos propietarios. 2018 es el año en el que caducarán estos derechos, revirtiendo al dominio público los bienes sobre los que recaen. "A causa de la Ley de Costas, van caducando algunas concesiones y se producen reversiones, el proceso culminará de aquí a ocho años y se verán afectadas propiedades como la casa de Cala Pregonda o 'Los Bucaneros' de Binibèquer", explicaron fuentes de Demarcación de Costas. Posiblemente habrá demoliciones, pero no de todos los inmuebles, pudiendo destinarse a usos públicos o sociales, según estas mismas fuentes. En cambio, la reversión de los bienes que han quedado en la zona de dominio público marítimo terrestre tras las operaciones de deslinde efectuadas en Menorca los últimos años se demorará entre 30 y 60 años, debiéndose destinar los mismos a idénticos usos a los que tenían hasta ahora.