Vicenç Tur la calificó como la decisión más difícil de su carrera política, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Balears avala la corrección de su actuación al desestimar el recurso de Manuel Velarte Pérez en contra de su cese como interventor en el Ayuntamiento de Maó. De esta manera, los tribunales dan la razón al Consistorio en su decisión de suspender de empleo y sueldo al funcionario, que finalmente fue apartado de su puesto por la administración competente en esta materia, que es el Govern balear.
La decisión de apartar al entonces interventor de sus funciones se tomó el 16 de enero de 2009, tras recibir el equipo de gobierno la resolución de un expediente disciplinario que el Govern había abierto al funcionario a petición del propio Ayuntamiento. Según el equipo de gobierno, Velarte había bloqueado expedientes y generado problemas en la tramitación administrativa, algo que el Ejecutivo autonómico ratificó un mes más tarde.
Según el Govern balear, el interventor había incurrido en tres faltas: no hacerse cargo de las tareas o funciones que le habían sido encargadas, incumplir las funciones esenciales inherentes al lugar de trabajo, y falta notoria de rendimiento que comporta inhibición del cumplimiento de las tareas. Esto ya fue en febrero de 2009, y entonces Velarte interpuso un contencioso contra el Ayuntamiento de Maó. Entendía que se había vulnerado su presunción de inocencia al suspendérsele de sus funciones antes de que el organismo competente (Govern balear) dictara la resolución final. Ahora, el fallo de la magistrada Sonsoles Lloría Gómez asegura que no tiene razón.
Entiende la jueza que el principio constitucional de presunción de inocencia no se vulneró en ningún momento, puesto que las administraciones pueden adoptar medidas cautelares siempre y cuando estén suficientemente razonas. Y este es el caso, asegura la magistrada, de la resolución que adoptó el Ayuntamiento de Maó. Además, Velarte Pérez aseguraba que se le había dejado en indefensión después de que en la resolución del Consistorio mahonés no se especificara que tenía derecho a recurrir la decisión. Algo que el Tribunal Superior considera "un mero defecto de forma" que, además, no tuvo ningún efecto perjudicial para el recurrente puesto que finalmente presentó un contencioso administrativo.
Responsabilidad y rigor
Àngels Andreu, responsable del área económica del Ayuntamiento de Maó, y encargada en su día de comunicar el cese del interventor, valoraba ayer de manera positiva la sentencia. "La medida que acordó el equipo de gobierno demuestra una gran solvencia para afrontar una situación que perjudicaba al Ayuntamiento y también a los ciudadanos", explica. Andreu añade que "nos movió el más puro sentido de la responsabilidad política desde que en 2008 se inició este caso y hasta ahora que la sentencia del Tribunal Superior nos da la razón".
El cese del interventor levantó una importante expectación mediática, algo que se trasladó al terreno político y motivó el enfrentamiento entre equipo de gobierno y oposición, especialmente el Partido Popular. Cabe recordar que en el pleno que se votó la el pronunciamiento del Consistorio sobre la tramitación del expediente los concejales del Partido Popular abandonar sus sillas de concejales y se sentaron entre el público.
Conocida la sentencia, Andreu ratifica que "actuamos por encima de la politización de este asunto y de la manipulación de los hechos que se hizo en algún momento".
A día de hoy, la plaza de interventor en el Ayuntamiento de Maó está vacante.
Recientemente se han convocado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) las bases del concurso-oposición para proveer de nuevo la plaza y de manera definitiva. Su anterior inquilino se marchó cesado, y acusando al equipo de gobierno de "perseguirlo" por no haber aprobado una serie de informes, como la subida de la tasa municipal de agua.
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