El proyecto urbanístico del Binibeca Club Hotel, afectado por las prescripciones que aprobó el Consell a las Normas Subsidiarias (NNSS) de Sant Lluís, arrancó hace ya una década, con la firma de un convenio entre los promotores, la Asociación de Propietarios de Binisafúller y el Ayuntamiento, cuya ejecución estaba supeditada a la modificación de la normativa urbanística, que en 2001 inició su adaptación a las Directrices de Ordenación Territorial (DOT).
La Comisión de Gobierno del Consistorio concedió la licencia para la excavación de la piscina en enero de 2001 y en el permiso municipal se especifica la obligación del propietario "de cesar en el uso y proceder a la demolición sin derecho a indemnización cuando lo acuerde el Ayuntamiento". Fuentes de la propiedad negaron ayer haber renunciado de antemano a cualquier compensación económica ya que, de hecho, reclaman un peritaje judicial para que se valoren las pérdidas ocasionadas por la demolición de la piscina (en marzo de 2008) así como el lucro cesante.
Según los propietarios, por su parte se cumplieron "a rajatabla" todas las condiciones del convenio, se construyó un parque, se reservó un vial que conectara el poblado de pescadores de Binibequer Vell con Binisafúller, "dimos al Ayuntamiento un solar de 2.215 metros cuadrados calificado como equipamiento comercial y renunciamos a una planta en el restaurante del Binibeca Club". El portavoz de la propiedad aseguró que "todo eso se ha incorporado a las Normas Subsidiarias" y es irrecuperable, por lo que no renuncian a ser indemnizados.
El convenio urbanístico firmado en diciembre de 2000 pretendía recalificar como zona deportiva de uso privado una superficie de 954 metros cuadrados, mediante la sustitución parcial de la calificación de la zona verde pública, y permitía la construcción de una piscina que más tarde fue declarada ilegal.
El Consell, presidido por Joana Barceló, requirió el 17 de mayo de 2001 al Ayuntamiento de Sant Lluís la anulación de la licencia concedida para excavar y construir la piscina.
La Comisión de Gobierno municipal acordó, el 23 de mayo, desestimar la petición del Consell de acuerdo con los informes jurídicos y técnicos adjuntados al expediente, en los que también se señala que el coste de la demolición o reposición del terreno "es soportado por el beneficiario de la autorización, a requerimiento del Ayuntamiento y sin derecho a indemnización", condiciones de retirada o demolición que, según la licencia, debían quedar inscritas en el Registro de la Propiedad.
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