La amenaza que para las arcas municipales de Ciutadella suponía la expropiación del Canal Salat se ha visto considerablemente reducida. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears avala las tesis del Ayuntamiento sobre la naturaleza del terreno expropiado, conocido como Hort den Llinyà, y solamente la revisión de un coeficiente técnico podría incrementar en un millón de euros los cuatro que ya se pagaron en su día a los anteriores propietarios de los terrenos.
El fallo del magistrado Gabriel Fiol desestima, de entrada, la pretensión de que el suelo expropiado fuera considerado urbano. El juez entiende que los terrenos eran urbanizables, pero no urbanos, un matiz clave a la hora de reducir las pretensiones económicas de los propietarios, que ascendían a 21 millones de euros. Para desestimar definitivamente la condición de suelo urbano, el juez entiende que las infraestructuras de suministro de agua potable y electricidad existentes en la zona serían insuficientes" para abastecer una zona urbana, y añade que "se trata de terreno sin edificar y urbanizar". Así, el magistrado concluye que "la valoración desde la consideración de suelo urbanizable es formalmente correcta".
Descartado entonces que el suelo expropiado sea urbano, el segundo parámetro para determinar el precio de los terrenos es la aplicación del llamado coeficiente de construcción. Un término puramente técnico que valora el coste de edificar en una determinada zona. Así, a grandes rasgos, para obtener el precio del metro cuadrado de terreno se toma como referencia el valor del metro final construido, y se le restan los costes de construcción. Y para calcular estos costes, se aplica el valor del módulo básico de construcción multiplicado por un determinado coeficiente, según la zona. De esta manera, cuanto mayor sea el coeficiente, menor será el valor del terreno.
En el caso concreto de la expropiación del Canal Salat, el coeficiente que se aplicó fue de 1,35, uno de los más elevados. El magistrado del Tribunal Superior entiende que los técnicos que han decidido que éste sea el coeficiente a aplicar no lo han justificado debidamente en la sentencia, con lo cual solicitan al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que "analice y explique, de forma pormenorizada y detallada (...) por qué motivos es más adecuado el coeficiente de valor de construcción 1,35 o el 1,15". Es decir, el tema vuelve al Jurado de Expropiación en un trámite que puede ser simplemente el de aportar una justificación técnica o el de aplicar un nuevo coeficiente que podría suponer el pago, según fuentes de la abogacía, de un millón de euros más por parte del Ayuntamiento.
La alcaldesa de Ciutadella, Pilar Carbonero, valora la sentencia con prudencia. "Quiero ser precavida, puesto que no quiero lanzar cohetes ya que aún tiene que justificarse el coeficiente de 1,35", afirma, a lo que añade que "es una semi-buena noticia, puesto que sobre las arcas municipales pesaba el riesgo de una petición económica por parte de los propietarios mucho más elevada".
Carbonero entiende que el tema de la tasación de los terrenos en Ciutadella "ha sido gestionada hasta hace poco de manera muy poco beneficiosa para las administraciones públicas, y nosotros estamos aquí para defender el interés general". Recuerda, así, que para la valoración del Hort den Llinyà se encargó un informe externo de tasación "carísimo y que sentó un precedente brutal que se ha utilizado en otros casos, como el de Santa Rita, y que puede traer consecuencias nefastas para la economía de Ciutadella".
Ciutadella encarga una nueva tasación para Santa Rita
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella ha encargado una tasación de los terrenos a expropiar en Santa Rita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Lo hace, asegura la alcaldesa Pilar Carbonero, "porque hasta ahora no había ningún informe que avalara el precio que en su día Antònia Gener decidió fijar para la zona", de 60 euros por metro cuadrado. Con el informe de la UPC, Carbonero asegura que "podremos ir al juzgado con alguna valoración técnica a defender lo que es mejor para el Ayuntamiento". Interpelada sobre si esta valoración puede servir incluso para rebajar el precio que ya ha fijado el Tribunal de Expropiación en 67 euros el metro cuadrado. "Si la UPC valora los terrenos por debajo de este valor, entonces actuaremos en consecuencia. Defenderemos todo lo que sea bueno para la economía del municipio, siempre asesorados por lo que nos digan los servicios jurídicos", comenta la alcaldesa de Ciutadella.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.