DUBóN ANGLADA. Abogado - Archivo

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LL.A.C.Ciutadella19/03/10 0:00
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Los abogados Carlos Dubón Anglada y Carlos Dubón Llanes, propietarios de parte de los terrenos expropiados de Santa Rita, en Ciutadella, han recurrido los presupuestos municipales de 2010 al no aceptar el acuerdo de pleno mediante el cual se decidió pagar en seis años los terrenos. Los letrados entienden que la Ley de Expropiación Forzosa les da derecho a recibir la totalidad de la indemnización, y no a percibirla a plazos como acordó el Consistorio.

Los propietarios recuerdan que si el plazo se fracciona, no se podrán ocupar legalmente los terrenos hasta que hayan recibido la totalidad de la indemnización, lo que se producirá, si se aplica el acuerdo del Ayuntamiento, en 2015. Los abogados especifican en su recurso que se sienten indefensos ante la decisión municipal, puesto que han sufrido ya dos expropiaciones y el presupuesto de 2010 tampoco incluye partida presupuestaria suficiente para abordar el pago de la totalidad de los terrenos.

Además, los letrados entienden que el precio de 60 euros por metro cuadrado que ha fijado el Consistorio "sin razonarlo" no será válido, puesto que el propio Jurado Provincial ya fijó el precio en 67,49 euros para los terrenos ya ocupados y en 92,64 los metros no ocupados. Igualmente, los propietarios recuerdan que su valoración es de 240 euros por metro cuadrado, pero admiten que "lo razonable es suponer que cuando menos los tribunales darán por buena la valoración del jurado", y ante esto se preguntan si "¿propondrá el pleno, si es el caso, otro aplazamiento por otros seis años? ¿Aceptarán los propietarios un aplazamiento total de 18 años?" desde que comenzó el proceso.

Los abogados acusan al Consistorio de "adoptar una postura totalitaria lo que nos viene obligando a defender nuestros intereses ante los tribunales, defensa en la que no cejaremos". Así, Carlos Dubón Anglada y Carlos Dubón Llanes entienden la decisión consistorial como "una burla más de nuestros intereses". En este sentido, recuerdan que el Tribunal ha reclamado ya al Consistorio que se implique en el proceso judicial, advirtiéndole de imponerle una multa de hasta 1.200 euros si no entrega la documentación solicitada.