Constitución. El Consell de Participació de les Dones de Menorca estará integrado por 22 miembros - Gemma

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La constitución del Consell de Participació de les Dones de Menorca es ya un hecho. Ayer tarde, el conseller de Ciudadanía y Familia, Esteve Ferrer, y la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, exponían los objetivos que este organismo deberá llevar a cabo durante este año. El Consell de Dones estará formado por 22 representantes del Consell, los ayuntamientos, patronal, sindicatos, entidades sociales y Consell de Participació de la Dona de Balears.

"La constitución de este Consell es un motivo de satisfacción y era un compromiso del equipo de gobierno", asegura Ferrer. La iniciativa se aprobó por unanimidad el septiembre pasado y cubre una necesidad social de que la mujer se implique más en políticas insulares y globales. "Queremos que sea un organismo vivo y contara con la máxima participación", apunta el conseller. Ferrer también quiso recalcar su compromiso con el Plan Insular de Igualdad. "No se aprobará si no hay consenso dentro del Consell de Dones. Mi intención es pasar al Pleno aquello que sea aprobado en el Consell de Dones". El objetivo principal de este órgano será el de elaborar un plan de igualdad al que, posteriormente, deberían acogerse las administraciones públicas. Para llevar a cabo dicho plan, se crearán grupos de trabajo que deberán realizar un diagnóstico de la realidad social que afecta a las mujeres.

Ley de igualdad
Por su parte, Fina Santiago introdujo lo que será la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres de Balears. La consellera explicó que esta ley ha contado con la participación de los consells insulars y que, tras acabar la fase de audiencia, está en estudio. "Tendrá ocho títulos y 94 artículos y pretendemos que sea una ley de amplio recorrido, no que sea sólo de tres o cuatro años. También queremos que sea pactada con todos los grupos políticos y que en mayo pueda ser aprobada", apuntó Santiago. La Ley de Igualdad de Hombre y Mujeres será extensa y establece necesidades como que la Administración posea un equilibrio entre sexos o que las instituciones públicas no puedan pactar o contratar a empresas sancionadas por prácticas laborales que influyan en la mujer. Otro aspecto a destacar es el de la violencia económica. Según Santiago, se produce cuando las mujeres y los hijos pasan por una mala situación al no recibir la pensión correspondiente o ayudas económicas. Mediante esta ley, se podrá recibir ayuda sólo con un informe que declare que la mujer es víctima de malos tratos, sin que haya que esperar a la sentencia. Por otro lado, el Goven deberá realizar un estudio sobre el salario que deberían recibir las mujeres dedicadas a las tareas domésticas así como al cuidado de personas dependientes. Asimismo, se llevará a cabo otro estudio sobre los servicios mínimos que deberían prestarse a las mujeres víctimas de violencia de género. Según la recomendación de los técnicos, cada 3.500 casos correspondería una plaza en un centro de acogida y con cada 100.000, un punto de información a la mujer.