El juez ha citado a declarar a Joana Barceló y a Marc Pons el próximo día 5 al admitir a trámite una querella criminal presentada por Valeriano Allés contra la denegación por parte del Consell de la licencia para construir una fábrica de prefabricados en la cantera de Son Sintas. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción admite a trámite la denuncia criminal y ha citado a ambos por ocupar en 2007 los cargos de presidenta del Consell y conseller de Ordenación del Territorio, respectivamente, cuando se cursó la denuncia. Valeriano Allés acusa al Consell de un presunto acto de prevaricación al considerar que la licencia fue denegada de forma arbitraria. El juez tomará declaración a Barceló y Pons en calidad de querellados en la fase de diligencias previas. Si considera que no hay indicios de delito, el juez puede archivar la querella, por el contrario, ambos podrían ser imputados por presunta prevaricación.
El empresario presentó la querella criminal tras agotarse la vía civil. La negativa del Consell a otorgar la licencia de obras a la empresa quedó definitivamente avalada por la Justicia cuando el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) dictó sentencia favorable a la institución insular en 2006.
Los hechos se remontan a mediados del año 2004, cuando la empresa Valeriano Allès Canet pidió la licencia de obras para construir la fábrica de prefabricados en suelo rústico. El Ayuntamiento de Ciutadella no actuó. En aquel momento, tal y como prevé la normativa, la empresa planteó una denuncia de mora ante el reiterado silencio administrativo del Consistorio, por lo que el Consell fue el encargado de dar respuesta a la solicitud de licencia.
Finalmente, la institución insular resolvió denegar la licencia el 15 de noviembre de 2004, con el argumento de que el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella (PGOU) y el Plan Territorial Insular (PTI) no permiten la ubicación de instalaciones industriales en suelo rústico.
Como consecuencia de esta decisión, Valeriano Allès Canet interpuso un recurso contra la resolución del Consell que fue denegado en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el 5 de septiembre de 2005, y en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, con sentencia firme del 26 de marzo de 2006.
Según el Consell, en paralelo, el empresario llevó adelante los trabajos de construcción de las instalaciones y después inició la actividad industrial que no paró hasta que fue desalojado de las instalaciones a instancias del propietario de los terrenos, "a pesar de no tener ningún tipo de licencia, pese a ser una actividad no permitida en suelo rústico y a pesar de la orden de paralización dictada".
El Ejecutivo de Marc Pons arguye, que "una vez probada la ilegalidad de las obras y dictaminada por la Justicia, la Ley de Disciplina Urbanística de 1990 obliga a la Administración competente a iniciar los respectivos expedientes, uno de restitución y otro de sanción". De nuevo, el Ayuntamiento de Ciutadella decidió no actuar y el Consell, ateniéndose a lo que dicta la ley, decidió hacerse cargo de la tramitación de los expedientes de manera subsidiaria.
Ante la imposibilidad de legalizar las obras destinadas al uso industrial en la cantera de Son Sintas, el Consell resolvió el expediente de restitución de la legalidad urbanística el 21 de diciembre de 2007 e instó a la empresa a derribar las edificaciones, al considerar que se habían construido sin licencia, y a paralizar su actividad. El Consell subraya que esta resolución "sólo afectaba a las instalaciones sin licencia dónde se desarrolla una actividad ilegal. No afectaba, por tanto, a la actividad extractiva".
Con posterioridad, concretamente el 21 de febrero de 2008, el Consell resolvió el expediente sancionador que tras la valoración pericial realizada por los técnicos de la institución insular, "siempre de acuerdo con el proyecto presentado en su día por la empresa, y después de conocida la imposibilidad de legalizar las obras", ascendió a la cantidad económica de 390.225 euros.
Frente a las dos resoluciones en materia de disciplina urbanística, Valeriano Allès Canet decidió interponer los respectivos recursos ante la Justicia por la vía penal. Ahora el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Maó ha aceptado la querella criminal y ha abierto diligencias con la citación de Joana Barceló y Marc Pons, que serán interrogados sobre la restitución de la legalidad urbanística solicitada al empresario y sobre el requerimiento a derribar las edificaciones industriales.
Dos sentencias favorables dan tranquilidad a Pons
Marc Pons se mostraba ayer absolutamente tranquilo respecto de la querella criminal interpuesta por Valeriano Allés. "Estamos dispuestos a actuar con la máxima transparencia y aportaremos toda la documentación que se nos requiera como, por otra parte, hemos hecho siempre", confirmó el presidente del Consell, sin un ápice de pesadumbre ni preocupación en su rostro. Pons aseguró que se enfrentaba a este proceso con tranquilidad, una actitud que justificó desde la convicción de que la decisión en los hechos objeto de la querella había sido acertada. En este sentido, el máximo dirigente insular, quien estaba al frente de la Conselleria de Ordenación del Territorio cuando se tramitó la licencia ante el silencio del Ayuntamiento de Ciutadella, se refirió a las dos sentencias firmes que avalan la denegación de la misma por parte del Consell en base a las prescripciones del PTI y el planeamiento municipal. (L.M.F.)
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