La Conselleria de Asuntos Sociales del Govern firmó ayer un nuevo convenio de colaboración con el Consell y los ayuntamientos de la Isla en materia de ayudas de emergencia social que supone una aportación extraordinaria del Ejecutivo balear de 65.103 euros. Esta línea de ayudas que el Govern aprueba por segundo año consecutivo se suma a la partida que Consell y ayuntamientos destinan anualmente a la inclusión social. El Govern transferirá este año el dinero a la institución insular para que sea ésta la que la distribuya entre los municipios y supervise su tramitación.
Esta inyección extraordinaria de recursos complementa la partida de 214.000 euros que el Consell concede con el único objetivo de paliar los efectos sociales de la actual situación de coyuntura económica. Es así como los ayuntamientos dispondrán este año de un total de 279.103 euros.
Esta línea de colaboración permitió que en 2009 se atendieran entorno a 850 peticiones. La consellera balear de Asuntos Sociales, Fina Santiago, anunció ayer que el 57 por ciento de las personas que el año pasado se beneficiaron de las ayudas de emergencia "nunca antes había sido usuario ni había solicitado apoyo de los servicios sociales". Además, el 42 por ciento de la aportación fue destinada a cubrir gastos de alojamientos mientras que un 35 por ciento se dirigió a cubrir necesidades básicas de alimentación. Con estos datos, la consellera de Asuntos Sociales del Govern aseveró que "acertamos con esta línea de ayudas", puesto que el perfil del solicitante han sido familias "normalizadas y con capacidad de gestionar un presupuesto económico doméstico, aunque sea reducido, con capacidades parentales y hábitos sociales", aunque por la reducción de ingresos han tenido problemas para pagar el alojamiento o para garantizar la alimentación básica de los miembros de la familia.
Govern balear, Consell y ayuntamientos remarcaron la importancia de la colaboración entre todos los niveles administrativos y pusieron en valor la unidad de acción para "hacer frente a las dificultades que sufren personas que rozan el umbral de la pobreza", destacaba el presidente del Consell, Marc Pons.
Este año se destinarán en total 1,5 millones de euros a diferentes programas de inclusión social de la Isla. Entre ellos destaca la Renta Mínima de Inserción (RMI) que contará con 685.687 euros y que el año pasado fueron registrados 297 perceptores y 620 beneficiarios.
Por su parte, el presidente del Consell, Marc Pons, avanzó que el ejecutivo insular ha elaborado un informe de análisis de diagnóstico de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, un documento que ha sido presentado al Consejo Económico y Social (CES) con la previsión que sea aprobado en el próximo pleno del CES. Además, podría contener un "plan de inclusión social que sería el primero de Balears", indica Marc Pons.
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