Cuando todo parecía listo para que, tras años de espera, el desvío de la carretera general a su paso por Ferreries comenzara cuanto antes, de momento el proyecto tendrá que esperar unos días más. Un conflicto entre varias de las empresas que optan al mayor proyecto viario de las últimas décadas ha obligado al Consell a solicitar asesoría externa y a retrasar unos días la adjudicación definitiva de la obra.
Mientras el Consell analiza si alguna de las empresas ha presentado una oferta temeraria a la baja que después no pudiera cumplir, ha surgido ahora un nuevo conflicto. Una de las licitantes (cuyo nombre el Consell no puede desvelar) ha presentado denuncia contra otras dos empresas que también optan a la adjudicación porque considera que estas dos empresas comparten, al menos en parte, accionariado. Es decir, que hay miembros del consejo de administración de una de estas empresas denunciadas que, indirectamente, también forman parte de otra de las licitantes que participan en el concurso público.
Ante esta denuncia y su índole, puramente de carácter laboral y empresarial, el Consell solicitó el pasado día 27 la documentación a estas dos empresas denunciadas que desmintiera o confirmara la denuncia. A día de ayer, el Consell no había recibido la documentación. El plazo ofrecido a las empresas para hacerlo expira a principios de la próxima semana, y después deberá analizarse la documentación.
UN PROCESO COMPLICADO
Esto complica aún más un proceso de adjudicación que se complicó desde el momento en que se abrieron las propuestas económicas de las nueve empresas que participaron en la licitación. COPCISA-Climent Olives presentó la mejor de las ofertas, aunque su propuesta económica despertó dudas por ser muy baja en relación al presupuesto de licitación. Así, esta unión de empresas rebajó en más de nueve millones de euros el presupuesto inicial, fijado en 27,8 millones. Una propuesta que, si bien podría ser ventajosa para el Consell, debe ser analizada por si se produce lo que se conoce como una baja temeraria: presentar un presupuesto tan bajo que después no se pueda cumplir o que ponga en riesgo la calidad de la obra. Juntamente con COPCISA-Climent Olives, otras dos uniones de empresas presentaron también ofertas que podrían ser objeto de baja temeraria, Acciona-Melchor Mascaró y Dragados-Gomila. Así, el Consell solicitó a estas tres empresas que justificaran sus ofertas. Actualmente, los servicios técnicos del Consell están analizando esta documentación.
Si finalmente COPCISA-Climent Olives demuestra que su oferta es fiable y creíble, sería la adjudicataria de la obra. De no ser así, la empresa clasificada en segundo lugar en el concurso de adjudicación fue Ferrovial-Illes Balears, y podría ser la adjudicataria de las obras. No obstante, ahora a estas intrigas hay que añadir la denuncia a dos empresas por compartir consejo de administración, lo que retrasa aún más un proceso que tanto el Consell como el pueblo de Ferreries esperan con anhelo.
El Consell descartó usar en la obra material del diqueCuando Ports de les Illes Balears decidió que parte del material extraído de la cantera de Son Sintes no podía ser utilizado para la construcción del dique de Ciutadella, se puso en contacto con el Consell para, mediante una conversación informal, ofrecerle la posibilidad de que ese material se utilizara en la construcción del desvío de Ferreries. Algo que, explica el conseller de Mobilitat, Damià Borràs, "se descartó porque no era viable desde el punto de vista práctico, puesto que el Consell no compra material de obra. Esto es un tema que debería tratarse entre empresas, pero nosotros lo descartamos", sentencia Borràs.
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