JUZGADO. Los afectados se personaron en el Juzgado para constatar los recibos no liquidados

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Toni Seguí Maó
Ayer quedó visto para sentencia el juicio seguido contra Delfín Madrid por sendos delitos continuados de apropiación indebida y de falsedad en documento público. El acusado y el Ministerio Fiscal pactaron una pena de cuatro años y medio de prisión, y el pago de una indemnización de 45.265 euros para resarcir el daño a 19 personas afectadas. Por su parte, los dos hijos del ex corredor de seguros fueron absueltos, ante la retirada de las acusaciones particulares
Delfín Madrid y sus dos hijos gestionaban una correduría de seguros en Maó y las pólizas que abonaron algunos de sus clientes no fueron tramitadas ni abonadas a la compañía de seguros. Los tres acusados fueron condenados en 2005 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Maó por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil, con la petición por parte de la acusación de sendas penas de cinco y dos años de prisión, y de indemnizaciones a 19 clientes que oscilan entre los 150 y los 5.633 euros.

El juicio celebrado ayer por la Audiencia Provincial en Maó constató el acuerdo alcanzado por Delfín Madrid con el Ministerio Fiscal, que contempla una pena para el acusado de tres años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y el pago de una multa de 11 meses a razón de seis euros diarios, y otra pena de un año de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público, además de una multa de 10 meses a razón de seis euros diarios. Asimismo, se pactó el pago de una indemnización civil de 45.265 euros para los perjudicados, así como el embargo de una finca propiedad del acusado como garantía de pago.

Por su parte, la Audiencia Provincial anuló los cargos contra los dos hijos del acusado, ante la petición formulada por el Ministerio Fiscal que constató la retirada de las acusaciones particulares.

El juicio, previsto para las 10 horas, se celebró pasadas las 13 horas, después de que el acusado, el Ministerio Fiscal y las personas afectadas alcanzaran un acuerdo para el cobro de las cantidades objeto de apropiación indebida.