Biniatram. Este agroturismo situado en Ciutadella ofrece 500 años de historia estética insuperable como reza su oferta promocional

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20/01/10 0:00
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Ángeles M. Obispo
Los empresarios de hoteles rurales, de interior y agroturismos de Menorca, que agrupan unos 18 establecimientos y casi 300 plazas, advierten que el decreto Nadal choca contra los preceptos de La Ley de turismo rural y han solicitado al Govern la revisión de esta normativa. Los empresarios de Menorca reclaman una adaptación a las exigencias de la demanda actual y el pasado viernes mantuvieron una reunión con el director general de Ordenación y Planificación de la Conselleria balear de Turismo, Carlos Javier del Salvador, en la sede de ASHOME con la presencia del presidente de la patronal hotelera, Joan Melis, donde expusieron sus demandas al respecto y donde se analizó la repercusión del denominado decreto Nadal en el sector del alojamiento rural de Menorca.
Entre las peticiones puestas sobre la mesa referidas a la revisión de la normativa turística, los empresarios rurales solicitan un cambio en el número de habitaciones que la ley permite a cada establecimiento (un máximo de ocho a los hoteles de interior; 12 a los agroturismos y 25 a los hoteles rurales). El sector considera que estas cifras están desfasadas y hechas a medida de las necesidades de una isla como Mallorca.

Patrimonio
Los empresarios también reclaman la modificación de la exigencia de que los establecimientos rurales deben tener más de 50 años de antigüedad. Esta disposición provoca, según destaca el sector que muchos de estos inmuebles estén catalogados como bienes interés cultural (BIC) y por tanto cualquier modificación arquitectónica topa con la normativa de protección del patrimonio. Y aunque el decreto Nadal permitirá la ampliación de la superficie de todos los establecimientos turísticos un diez por ciento en un plazo de dos años, incluso en los alojamientos rurales afectados por la Ley de turismo, -al ser la nueva disposición una norma de rango superior-, estas modificaciones, se quejan los empresarios del sector, sólo se circunscribirá a establecimientos rurales situados en rústico común que no tengan edificios catalogados como BIC, es decir, apenas unos pocos. Además, el nuevo decreto Nadal sólo permite ampliar servicios, es decir, la creación de una sala de reuniones (para fomentar los pequeños encuentros de directivos de grandes empresas) y un pequeño spa para dar un valor añadido al establecimiento. Los empresarios también lamentan que la aplicación de Ley de turismo rural obliga a una excesiva burocracia y gasto económico a la hora de tramitar cualquier documentación al depender el sector de organismos tan diversos como agricultura, patrimonio, sanidad, turismo e industria, entre otros, un proceso que, como mínimo, se alarga hasta tres años. Al respecto, denuncian, el decreto Nadal sólo permite agilizar trámites en suelo urbano y para uso turístico.

El sector también se enfrenta a otros problemas que no difieren mucho de los establecimientos de alojamiento convencional como son las escasas conexiones aéreas y sus elevadas tarifas, la promoción turística, la falta de oferta complementaria de ocio que para un turismo de élite suele estar ligada al golf.
A pesar de estas dificultades, los empresarios rurales, reconocen que están capeando la crisis mejor que otros sectores por el valor añadido que aportan a su oferta que va más allá de un servicio tangible como es la calidad y el trato personalizado.