Acayro marchó a Cantabria porque consideraba que en la Península dispondría de mayores oportunidades para ampliar sus estudios y se encontró con una población, Castro Urdiales, que había sido de las más bellas de la región norteña pero que, en tan sólo un par de décadas, pasó de 10.000 a 60.000 habitantes, gracias a miles de vecinos de Bilbao y alrededores que buscaban una alternativa más barata y comunicada por autopista con sus centros de trabajo.
Esta ola de migraciones internas motivó que en Castro Urdiales se llevaran a cabo todo tipo de promociones urbanísticas, que contaron con el beneplácito y en algunos casos con la implicación de los sucesivos responsables municipales, pertenecientes a la práctica totalidad de los partidos existentes en Cantabria (PSOE, PP, PRC, e incluso IU.
Fue la revista "Interviú" la que en su edición del pasado 9 de febrero destapó el escándalo, que ha llevado al juez Acayro a instruir, hasta el momento, más de 3.000 folios de sumario y dictar dos autos de procesamiento, con una treintena de imputados, entre políticos, técnicos, funcionarios y constructores, de entre los cuales se han practicado, hasta el momento, un total de 18 detenciones, todo ello en persecución de posibles irregularidades cometidas en más de 30 ejecuciones urbanísticas.
Según explica el periodista Joaquín Vidal en su reportaje publicado en el ya citado semanario, durante la primera semana de este mes de febrero "fueron detenidos el alcalde actual, Fernando Muguruza; el anterior, Rufino Díaz Helguera, y quien durante décadas fue secretario del Ayuntamiento, César Sáiz, 'don César' para todo Castro". Muguruza es un tránsfuga del Partido Regionalista Cántabro (PRC), que acabó pactando con el anterior alcalde del PSOE, ahora independiente. Al propio Muguruza se le considera todavía la "mano derecha" del actual presidente de la comunidad autónoma, el mediático Revilla.
La investigación se centra ahora en cuatro promociones de viviendas levantadas sobre el cauce de un arroyo, es decir, sobre lo que podría ser terreno público, por lo que las viviendas allí ubicadas, muchas de ellas ya vendidas, podrían ser susceptibles de derribo, En la mediación de esta operación habría intervenido Emilio Guevara, ex dirigente del PNV, que luego fue parlamentario del PSOE. Los sucesivos informes del interventor municipal permitieron la apertura de estas investigaciones.
Hasta el tratamiento contra las ratas está bajo sospecha en Castro Urdiales, ya que de un costo de 90.000 euros por la desratización se ha pasado a otro de más de medio millón de euros, al contratar el Ayuntamiento a la empresa de un dirigente local del PP, partido éste que comparte equipo de gobierno con Muguruza.
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