Obras. Las excavadoras desbrozan el terreno en una parcela de 15.000 metros cuadrados

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Ángeles M. Obispo Maó
Las máquinas excavadoras han comenzado el movimiento de tierras para la construcción de la cárcel de Maó en una parcela de unos 15.000 metros cuadrados junto al cuartel de la Guardia Civil.

Los trabajos son ejecutados por una unión temporal de empresas (UTE) que conforman las constructoras Clemente Olives, de Menorca, y COPCISA, de Barcelona, mientras que la empresa Sondeos Estructuras y Geotecnia, S. A. prestará asistencia técnica durante el desarrollo de las obras. El presupuesto global del futuro centro penitenciario de Maó ronda los 15 millones de euros y el plazo de ejecución es de 15 meses, según informaron ayer fuentes de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) dependiente del Ministerio de Interior, encargada de construir y habilitar la nueva cárcel.

Las mismas fuentes señalaron que el proyecto, cuya maqueta se encuentra en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Menorca, será presentado oficialmente en estas mismas dependencias a principios de febrero. El acto contará con la presencia de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo; el director general de SIEP, Juan José Azcona, y con el arquitecto del proyecto, entre otras autoridades.

El complejo penitenciario se desarrolla en cuatro edificios rodeados por un muro. El edificio residencial, el más alto, contará con cuatro plantas y dispondrá de varios módulos para internos, ingresos, presos en tránsito y en régimen cerrado. También contará con una edificio de Enfermería, otro Cultural, de Comunicaciones y una Jefatura de Servicios. En total, el complejo menorquín dispondrá de 92 celdas más 34 complementarias.

Una vez finalicen los trabajos de construcción y el complejo entre en funcionamiento, la mayoría de los reclusos menorquines que cumplen condena en la prisión de Palma, hoy alrededor de 60 presos, podrían trasladarse a la cárcel de Maó, circunstancia que supondrá un alivio a las familias de la Isla que tienen que desplazarse a los centros penitenciarios de Mallorca para poder visitar a un ser querido.