Paisaje. La futura ley del Suelo refuerza las políticas de protección y de recuperación del paisaje

Paisaje. La futura ley del Suelo refuerza las políticas de protección y de recuperación del paisaje

20/01/10 0:00
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Marga Vives Palma
El Consell de Menorca sostiene que el modelo territorial de la Isla supera los preceptos de la futura ley del Suelo, cuyo borrador presentó el pasado lunes el conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio del Govern, Gabriel Vicens. El presidente, Marc Pons, considera que la norma tiene por objeto "compatibilizar realidades territoriales muy diferentes" en la Comunidad Autónoma, frente a las cuales Menorca constituye la avanzadilla.

Un ejemplo es toda la regulación relativa a las ART (Áreas de Reconversión Territorial), una cuestión que origina discrepancias en Mallorca por la falta de consenso con Unió Mallorquina (UM), y que, en el caso de Menorca, según Marc Pons, queda resuelta en el PTI. El Consorcio de Disciplina Urbanística, constituido en la Isla, también materializa otro de los aspectos fundamentales de la nueva legislación en trámite, con lo que "supera la ley antes de que ésta entre en vigor", señala Pons.

Acuerdo político
El presidente destacó ayer la labor desarrollada por el Consell "desde el acuerdo político entre todos" y consideró que, dado el grado de desarrollo del PTI en Menorca, la futura ley tendrá más efecto en el resto de las islas, que han "caminado a un ritmo diferente en materia territorial".

Sin embargo Marc Pons garantizó que el Consell "participará muy activamente" en el proceso que se abre con la negociación y el desarrollo de los aspectos recogidos en el borrador de la normativa. "Contrapondremos la ley con nuestros instrumentos de planeamiento urbanístico para detectar las interferencias que puedan producirse, si las hay", aseguró.

Balears es la única comunidad que no dispone de su propia Ley del Suelo. Éste es, según el conseller Vicens, uno de los principales proyectos de la legislatura, y supondrá la derogación de una veintena de normativas autonómicas vigentes en la actualidad. Entre otras cosas restringirá la edificación en suelo rústico y obligará a reservar un 30 por ciento de suelo urbano y urbanizable a la construcción de viviendas de protección.