Industrial Quesera Menorquina transfirió sus acciones a Kraft Foods en 1992 con el compromiso de permanencia de la firma El Caserío en la Isla durante cinco años, un periodo de tiempo que la familia Montañés quiso prolongar hasta los diez. Sin embargo, en las negociaciones mantenidas entre ambas partes, la obligación de continuidad quedó fijada finalmente en sólo un lustro. La operación de transferencia de acciones, una de las mayores realizadas por entonces en Menorca, rondó los 23.000 millones de pesetas, pero el nuevo inquilino de la planta mahonesa comenzó pronto a insinuar sus deseos de abandonar la Isla a pesar de cerrar algunos ejercicios económicos con récords de producción.
En venta desde 1994
El ex propietario de El Caserío, Matías Montañés, recuerda que ya en 1994 los medios de comunicación se hacían eco de que Kraft intentaba vender la fábrica de Maó. Al respecto advierte que si en todo este tiempo, la multinacional no ha encontrado un comprador, "difícilmente lo improvisará" en los próximos meses. Preguntado sobre si la compañía ha contactado con él para una posible recompra de las instalaciones, Montañés comentó que después de vender las acciones de Industrial Quesera siempre ha mantenido contactos con personal de Kraft, pero "nunca" se ha sentado en una mesa para negociar su recompra. "No puedo ser comprador porque no tengo estructura comercial para adquirir la producción", contestó. Además insistió en que la marca El Caserío es propiedad de Kraft Foods España y por tanto, advirtió en este sentido, que el futuro comprador de la fábrica debe tener ya una marca consolidada, es decir "un bien productivo", y una cuota de mercado garantizada. "La planta de Maó tiene aspectos positivos y negativos, pero ningún estratega elegiría una fábrica sin marca en un lugar como Maó", recalcó Montañés.
Delegados sindicales
Por otra parte, la delegada sindical de CCOO en el comité de empresa de Maó, Margot Sastre, informó que la reunión que el 14 de enero mantendrán en Madrid los trabajadores de las fábricas afectadas por la reestructuración con la dirección de la multinacional contará con la presencia de 25 representantes de los diferentes comités de empresas, otros tres dirigentes estatales de CCOO, más los responsables de la dirección de la compañía. "La política de la empresa ha sido siempre impedir la creación de comités intercentros, por eso ahora tendremos que ir todos a Madrid", declaró.
Barceló acudirá el lunes al Ministerio de Trabajo
El director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, José Luis Villar, recibirá el próximo lunes 22 a la consellera de Trabajo y Formación, Joana Maria Barceló, para analizar la situación de la planta de producción de quesos de Kraft en Maó.
Barceló irá a Madrid acompañada por el director general de Trabajo, Pere Aguiló, y expondrá en el Ministerio los contactos que el Govern ha llevado a cabo con los representantes de la plantilla de trabajadores de Kraft, a los que han expresado su apoyo, y trasladará la preocupación existente, no sólo por los efectos directos que el cierre puede tener en esta empresa, sino también por las posibles repercusiones negativas que se pueden producir en otras actividades de Menorca, como en las empresas de producción lechera o en las de distribución. El Govern considera que, por ahora, no existe una justificación económica que avale el cierre. En todo caso, la Conselleria de Trabajo ya ha manifestado que estará junto al comité de empresa de Kraft y de su plantilla.
Apoyos parlamentarios
Los diputados socialistas de Menorca manifestaron ayer su apoyo a los trabajadores de El Caserío y aseguraron a través de un comunicado que harán "todo lo posible" para que Kraft mantenga su producción en la fábrica de Maó.
Los diputados sumaron al acuerdo que el pleno del Consell de Menorca aprobó el lunes por unanimidad y que rechaza el posible cierre de la planta. Los socialistas recuerdan el carácter emblemático del queso El Caserío y el significado que supone para muchas familias de la Isla. También destacan que el posible cierre no sólo afectará a los trabajadores de la fábrica, sino a las más de 20 explotaciones ganaderas que suministran leche a la empresa, así como otros puestos de trabajo indirectos. Los parlamentarios también afirman que la empresa tiene la obligación de considerar que ha recibido ayudas de las administraciones públicas de Balears entre 2001 y 2008 a cambio de mantener la producción de El Caserío en Menorca.
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