Sin descargas, sin webs y sin libertad

Desde que el pasado domingo citase el varapalo que sufrió la normativa este diciembre en el Congreso, parece (y sólo lo parece) que esta semana las cosas le han ido mejor en el Senado. El mapa virtual que pretende reglar, socorriendo los agujeros económicos que dispone la oferta de información gratuita, ha dado un giro de 180 grados. Para los despistados, insistiré en que "la Sinde" (para los amigos) se enmarca en la Ley de Economía Sostenible (LES) del Gobierno y busca regular el cierre de páginas web que faciliten sin autorización obras protegidas por derechos de autor. A simple vista el edicto parece justo, pero la realidad es otra. El precepto prevé cerrar los portales insidiosos que infrinjan los derechos de la propiedad intelectual, pero ¿qué hay de los derechos de los ciudadanos?

Como decía, la Cámara Alta trató mejor al reglamento. Un acuerdo parlamentarioin extremisentre PSOE, PP i CIU dejó a todos boquiabiertos. Los populares solicitaron que una web sólo pueda cerrarse bajo dictamen judicial. Aun así no me quiero ni imaginar la cantidad de resolucionesexprés que servirán para agilizar cada proceso. Un proceso que estimulará el bolsillo de las multinacionales y garantizará las cuentas de los artistas acostumbrados a hacer caja exclusivamente de sus derechos de autor. Parecía el final del culebrón, pero el PP volvió a marear la perdiz y lanzó a finales de semana la posibilidad del veto. Por si fuera poco Álex de la Iglesia dimite como presidente de la Academia de Cine y la ministra se pasea por el hemiciclo con cara de agobio.

Que la industria cultural mueve montañas no es ninguna novedad. Pero sí lo es el hecho de que los estados comenzasen a contar con la cultura como motor auxiliar de su Producto Interior Bruto (PIB). Lamentablemente hasta la aparición de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), muchos gobiernos no habían caído en la cuenta del potencial del sector. Lo que antes se llamaba de despectivamenteculturilla, hoy es una revolución tecnológica que dapastagansa.

250.000 euros en 14 pagas
El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista –el hombre que hace unos días reveló su sueldo sin complejos: 250.000 euros al año en 14 pagas– defiende la Ley Sinde como un bien necesario, y no de lujo. Con una remuneración así está claro que puede comprar los cd's y libros originales que le plazca sin temor a no llegar a fin de mes. Bautista se justifica con un ejemplo a la vez que gráfico esclarecedor para el tema económico. "El mercado de iTunes en España es de 10 millones de euros, 30 veces menos que en Inglaterra", dice. Unos beneficios que a nuestros efectos de consumidores culturales de a pie ni nos va ni nos viene.

En cambio lo que se desvanece con el nuevo reglamento es la libertad de acceso a los contenidos y a una amplia oferta de lo que en la Red comenzó sin límites. Una libertad que mermará cuando comiencen a cerrarse webs. Los famosos papeles de Wikileaks advirtieron en su día de que Estados Unidos está detrás de todo el entramado de leyes antidescargas.

El toma y daca de Julian Assange es imparable e inoportuno para quien gobierna, y un soplo de aire fresco para el pueblo. Los mismos políticos que propugnan la normativa, son los mismos que convierten la India en el basurero tecnológico mundial. Pantallas, teclados, ratones, cables y más cables se amontonan en las ciudades más pobres del mundo. Existe una ley al respecto, pero ¿por qué ésta no se cumple?