El Gobierno se muestra dispuesto a valorar la imposición de límites en la capacidad de gasto y de un umbral de requisitos económico-financieros para los clubes con deudas, de tal forma que se vean obligados a mantener unas cuentas saneadas si quieren participar en las competiciones oficiales.
La idea del Ejecutivo es que la futura Ley para la Regulación del Deporte Profesional permita "limitar la capacidad de gasto de algunas organizaciones deportivas" y "fijar requisitos económico-financieros" a las que arrastren deudas y pretendan participar en competiciones oficiales, tal y como ya ocurre "en el ámbito europeo".
Así se desprende al menos de una respuesta del Ejecutivo, a la que ha tenido acceso Europa Press, a una pregunta del diputado del BNG, Francisco Jorquera, quien interrogó al Gobierno sobre la situación que atraviesan los clubes de la Liga de Fútbol Profesional y la conveniencia de establecer límites en los salarios de los deportistas profesionales que pertenezcan a organizaciones endeudadas.
En su contestación, el Ejecutivo pone de manifiesto que no se plantea limitar los salarios de los jugadores sino sólo las economías de las entidades deportivas profesionales, ya que, según ha estimado, hay que "contener el gasto" de todas las organizaciones pero, sobre todo y en particular, "la de los clubes de fútbol".
Precisamente en estos días se ha suscitado una polémica cuando el Real Zaragoza, inmerso en una situación concursal, ha anunciado un fichaje con la mediación de un fondo de inversiones que ha pagado algo más de 8 millones de euros por el jugador cediendo sus derechos federativos al club por unos 300.000 euros.
El equipo aragonés se había acogido a la Ley Concursal por una deuda de unos 134 millones y sin embargo es su presidente y máximo accionista, Agapito Iglesias, quien ha reconocido estar detrás del fondo radicado en la isla de Jersey que ha gestionado el fichaje.
El Congreso remitió al Senado la reforma de la Ley Concursal donde se determina que los clubes con deudas ya no podrán acogerse a la intervención judicial para eludir los descensos de categoría por impagos.
Hasta ahora, la ley permitía que la sanción del descenso de categoría no se aplicase a los clubes en concurso de acreedores al entender que ello dificultaría aún más el pago de las deudas. La reforma del Gobierno pondrá fin a esa situación en julio de 2012 aunque, tras un pacto con el PP, se promete una ley específica para las organizaciones deportivas en fase concursal.
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