El magistrado Carlos Javier García Díez ha estimado en su totalidad la demanda interpuesta por Intersport (Sport 2) contra el expresidente del Sporting Mahonés, Paco Segarra, por el impago de las facturas correspondientes a compra de material deportivo durante los años 2008, 2009 y 2010. La sentencia, que se hizo pública ayer, condena al exmandatario como único responsable de esta acción al pago de los 16.295,95 euros que reclamaba la firma demandante, más los intereses de esta suma y los costes procesales lo que eleva la cuantía por encima de los 20.000 euros a día de hoy. Segarra podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Baleares en el plazo de 20 días a contar desde ayer.
La sentencia, sin embargo, desestima en su totalidad la demanda, también dirigida por Sport 2, contra otros cinco exdirectivos del club mahonés, Alfredo Tiffón, Miquel Olives, Pedro Lozano, Pedro Massa y José Pons Yela que también habían sido demandados por Intersport, entendiendo que no fueron partícipes de las decisiones adoptadas por el entonces presidente.
El fallo emanado del juzgado de Instrucción número 2 de Maó analiza las declaraciones de los demandados en el juicio celebrado el pasado miércoles, y concluye que la gestión de Paco Segarra fue presidencialista, que cuatro de los cinco directivos reseñados no tenían conocimiento alguno de las decisiones que afectaban al área económica del club, mientras que en el caso de José Pons Yela, que era empleado administrativo del Sporting, además de directivo, también le exime de culpa señalándole como simple ejecutor de cuanto decidía el presidente en materia de compras y pagos.
En el texto se recoge gran parte de las comentarios que ha suscitado, en general, el tramo final del mandato de Paco Segarra, extrapolado en este caso a una demanda por valor de 16.295,95 euros. Así sostiene el fallo que las deudas solo a proveedores en junio de 2011 ya ascendían a 270.000 euros, y que entre 2008 y 2010 ni siquiera existieron los pertinentes presupuestos que, por tanto, no podían conocer tampoco los directivos porque era Segarra quien tomaba todas las decisiones supuestamente legitimado por sus aportaciones personales, que si se da validez al acta de la última asamblea del club, indica la sentencia, se aproximaron al millón de euros.
Los abogados de Segarra y de los directivos coincidieron en señalar que la demanda debía haber ido, en primer término, contra el club, aunque, conocida la insolvencia de la entidad y tras los varios requerimientos para el pago de las facturas, la empresa decidió ir contra el presidente y contra los directivos que, supuestamente, tenían más peso específico en la junta, de ahí que no se aplicara contra el resto de vocales. Cada uno de ellos, sin embargo, declaró que en las reuniones de las juntas directivas la cuestión económica no se abordaba nunca, y que ésta solo la gestionaba directamente el presidente y ejecutaba el empleado, José Pons Yela.
El fallo descubre que Alfredo Tiffón, colaborador personal de Segarra, había dimitido en 2009 después de haber sido inscrito como vicepresidente económico sin su propio conocimiento, y que la junta de Segarra no estaba registrada en el Registro de Entidades Deportivas de la Conselleria de Deportes cuando se constituyó el 30 de junio de 2008 por varios defectos no subsanados. Sin embargo esto no es óbice para que, como dirigentes, deban ser responsables de las decisiones que tomaron, según la Ley Balear del Deporte.
La sentencia califica la gestión del anterior presidente al frente del Sporting como "culposa o negligente con el añadido de grave" y llega a señalar que a la vista del declive el club el presidente optó por una huida hacia adelante cuyo resultado final ha derivado en la disolución de la entidad tras las pérdidas que comenzaron a generarse ya en 2008 (133.000 y 196.000 euros en 2009 y 2010, respectivamente) y fueron en aumento sin que ya las aportaciones de Segarra pudieran neutralizarlas. Estima el juez que su gestión comprometía la solvencia del club porque realizó un sinfín de actuaciones por encima de las posibilidades de la entidad. También considera, como aludió Segarra en su defensa, que esgrimir la crisis general o el recorte o retirada de subvenciones públicas no puede ocultar esta realidad "pues cualquier empresario leal y diligente es conocedor que no puede gastar lo que no tiene".
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