BALANCE

Atasco judicial: 200.000 ciudadanos esperan que se resuelvan sus casos en Baleares

La memoria del Tribunal Superior de Justicia estima que las Islas necesitan cerca de 40 jueces más

El presidente del TSJIB, Carlos Gómez, en la rueda de prensa de este miércoles. | P. Pellicer

TW
9

«Hay 200.000 personas en Balears pendientes de que se resuelva un caso que afecta a sus vidas». El presidente del TSJIB, Carlos Gómez, ha comparado la situación de las listas de espera sanitarias con el atasco de la administración de Justicia en la presentación de la memoria anual de la institución que reflejan un incremento del 9,72% de los casos pendientes por resolver a pesar de que, el año pasado, salieron más solucionados que nunca. El problema, un aumento de los nuevos nunca registrado y que por primera vez supone más de 200.000 asuntos ingresados en los juzgados y eso hace que los pendientes por resolver sean 111.000, cuando las listas de espera sanitarias están en 90.000.

Ese incremento de litigios se concentra además en dos sitios: los juzgados de lo Social y los de Primera Instancia. En ambas jurisdicciones el aumento se sitúa en torno al 15% y, según la memoria, el impacto de las reclamaciones de consumidores «ahoga» la jurisdicción Civil. Según los cálculos contenidos en la Memoria, de acuerdo con el número de asuntos que entran y los módulos de carga establecidos por el Ministerio de Justicia, en Balears se necesitarían casi cuarenta jueces más, un tercio superior a la plantilla actual. Gómez destaca que de esos, solo 16 tendrían que reforzar los juzgados de Primera Instancia de Palma, «lo que da idea de lo apurada que está la situación».

El presidente del TSJIB ve con «esperanza» la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia, cuya primera fase empieza mañana. «Así no podemos seguir, tiene que haber un cambio y la implantación de los juzgados de instancia es una idea que se intenta desde hace décadas. Esperemos que la puesta en marcha sea un éxito». Gómez señaló que la sustitución de los juzgados tradicionales por órganos colegiados ayudará a crear plazas de jueces cuadno sean necesarios y también puso en valor la apuesta por otras vías de solución de conflictos en materia civil. «Todos los cambios asustan un poco», admitió.

La entrada en vigor de la normativa ha provocado una explosión de demandas, que intentan evitar el requisito de tener que acudir a una vía de negociación antes de ir al juzgado. En Palma se registraron algo más de 11.600 este mes de marzo, frente a las 6.000 de un periodo normal. En cualquier caso se espera una abrupta disminución de las nuevas a partir de mañana.

Gómez señala que la Ley de Eficiencia también implicará obras en los edificios judiciales aunque considera que no son urgentes antes la implantación del expediente electrónico. También aludió al estado de los inmuebles judiciales en las Islas. El Ministerio ya adquirió el terreno de 40.000 metros cuadrados entre Son Pardo y Son Hugo para el nuevo edificio de Palma. Gómez aclaró que las previsiones del Gobierno es que no esté listo al menos hasta dentro de ocho años, pero saluda que supone al menos «un camino». En el caso de Manacor, las obras para la construcción de los nuevos juzgados han quedado desiertas y esperan otra licitación y en Inca ha habido que actuar ante la caída de baldosas de la fachada del juzgado.

En torno al 'caso Dani Alves', Gómez ha criticado que desde el Gobierno se haya cuestionado la presunción de inocencia. «Son unas declaraciones inadecuadas. No podemos menospreciar derechos fundamentales. La presunción de inocencia es un principio civilizatorio: es más deseable que haya cien culpables en libertad que un inocente en prisión», recordó.