Juan Manuel Rosa: «En protección de menores, hay que reenfocar la toma de decisiones»

¿Qué es el trabajo social?
— Es una profesión en la que se atienden los problemas sociales de las personas, buscando que se den cambios en las condiciones de vida y también en aumentar la capacidad y autonomía de las personas y comunidades para hacer frente a los reveses que la vida nos da. Intervenimos desde el asesoramiento y acompañamiento, la movilización de recursos y servicios para que los cambios se consoliden. Cambio, autonomía personal y capacidades son palabras que tienen que ver con nuestra profesión.

¿Cree que es una profesión poco valorada?
— Es difícil de explicar qué es un trabajador social, pero cada vez estamos menos invisibilizados. Creo que es menos conocida que otras, pero en general todas las que están en servicios sociales están invisibilizadas.

¿Qué reivindicaciones de mejora tiene el sector?
— Dentro de los servicios sociales, es un sistema de protección en manos de tres instituciones: Comunidad Autónoma, consells insulares y ayuntamientos. Por eso se da una modalidad de contratación, sueldos, presencia y valores muy diversos. Tener un marco genérico sería interesante. Dependemos de la voluntariedad política, por lo que hay desigualdad de implantación de servicios sociales en el territorio. En Menorca, por ejemplo, todos los municipios tienen una residencia, un centro de día y atención domiciliaria; en cambio en Eivissa, no es así. Como Colegio también creemos que hay que empezar a revisar las ratios en Atención Primaria, porque se regulan por un decreto de 2011 y empieza a estar desfasado.

¿Es cierto que se trabaja con niveles altos de violencia?
— Nos podemos ver en situaciones de desamparo y dificultad, pero no estamos hablando de la situación que se ha dado en Badajoz. Se pueden dar situaciones complicadas en las visitas a domicilio, con personas con problemas de salud mental o consumo, pero normalmente tenemos más habilidades para resolver los conflictos. En el caso de protección de menores, hay que reenfocar la toma de decisiones y cómo se ofrece el servicio.

¿Cree que tras lo sucedido en Badajoz, van a mejorar las condiciones del sector?
— Si no cae fuera de la agenda de la información y de los sectores profesionales sindicales y políticos, sí; si no dará igual. Creo que debe haber mejoras, no podemos quedarnos en la anécdota de las concentraciones, si no emplazarnos a trabajar a largo plazo en una plataforma de los profesionales, todos juntos.

¿Cree que se podría haber evitado el asesinato?
— Todo es evitable y en cualquier momento puede haber una circunstancia no prevista. Creo que fue un accidente evitable. Me gustaría leer el informe técnico, si lo ha habido, que ampara esta situación. Encuentro a faltar, y no por parte del sector, que hubieran salido algunas voces a pronunciarse. Si los menores hubieran sido migrantes no acompañados, no sé que hubiera pasado.

El Colegio ha cambiado de Junta hace poco, ¿qué objetivos tiene a corto plazo?
— Hay 1.400 colegiados en Balears. La Junta está poniendo especial interés en adaptar la gestión del Colegio, modificar y crecer en cuanto a estructura, digitalización, cómo relacionarse. Cambios que nos van a hacer estar más cómodos teniendo en cuenta cuántos somos ya. Por otro lado, facilitar la creación de comisiones de trabajo, cuidar y reconocer a nuestros colegas. También nos preocupa la formación de reciclaje. Nos hemos propuesto estar atentos y vivos y todas las propuestas van a coger forma en un plan estratégico que tendremos para junio.

«Es difícil explicar qué es un trabajador social, pero cada vez estamos menos invisibilizados»

Desde las entidades del Tercer sector, se habla de un cambio de perfil en la exclusión social. ¿Está de acuerdo?
— Lo vemos cada día. Es cierto que durante un tiempo los albergues parecían destinados exclusivamente a población marginal o en procesos muy largos de exclusión. Trabajamos con los procesos de sociabilización, hoy en día es complicado hacer esos procesos, por la falta de vivienda. Las políticas de vivienda lo único que hacen es aumentar los problemas de las personas a la hora de vivir. El impacto de las políticas de vivienda es algo que abarca y empieza a tocar a toda la población con ingresos no muy altos. Están llegando a los albergues población con otro perfil, como familias que no pueden hacer frente a alquileres desorbitados.

¿Cree que la situación irá a peor?
— La vivienda es un derecho reconocido, pero no es un derecho fundamental. La administración tiene que empezar a tomar medidas con las viviendas vacías, las que se dedican exclusivamente con fines turísticos, hacer más vivienda social; si no será muy difícil que las personas que salen de un albergue, atención psiquiátrica, que no tienen a donde ir, puedan hacer el proceso de sociabilización y reinsertarse. No es normal que, en un sitio como Mallorca, la gente no pueda acceder a una vivienda trabajando.