FUNCIÓN PÚBLICA

El Govern ampliará otros cuatro años el plazo para que los interinos se saquen el catalán

El Ejecutivo autonómico lo intentará a través de una enmienda a la Ley de Polígonos que se debate este miércoles, pero, si no sale adelante, lo incluirá en otra norma

Pruebas para la estabilización de interinos en Eivissa. | D.E.

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Los interinos que sacaron plaza en el proceso de estabilización y que en dos años no han logrado el título de catalán tendrán una prórroga de otros cuatro años para hacerlo. Se trata de interinos que accedieron a algún departamento del Govern sin que en su momentos se les exigiera este requisito y a quienes el anterior Ejecutivo les dio un plazo de dos años para sacarse el título si conseguían plaza.

El plazo ya ha finalizado y el Govern está ahora revisando si los 1.000 funcionarios que estaban en esta situación han cumplido o no la exigencia del catalán. Mientras tanto, a la espera de conocer los datos, quiere darles otros cuatro años de margen para que obtengan la titulación que se exige a sus compañeros.

El Govern quería aprobar esta medida a través de una enmienda al proyecto de ley de Polígonos que se está tramitando en el Parlament. En la reunión de ponencia de la semana pasada, el representante del PP intentó introducir esta medida aprovechando una enmienda de Vox sobre la derogación de cualquier normativa climática que «interfiera» en la gestión de las áreas de promoción industrial.

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El diputado de Més Ferran Rosa se opuso a que se debatiera esta enmienda, que no había registrada. Será ahora la mesa de la comisión quien decida si se debate o no la propuesta. Si la mesa de la comisión no la acepta, el Govern ya ha anunciado que presentará un recurso ante la Mesa del Parlament, donde muy probablemente saldrá adelante con los votos de PP y Vox. Si ni siquiera así se acepta, el Govern ya ha anunciado que aprovechara alguna ley en tramitación para que se incluya esta y otras modificaciones. Este miércoles debe reunirse la ponencia en la que se debatirá de nuevo la ley y es probable que no se acepte tramitar la propuesta, por lo que llegará a la Mesa.

La enmienda estipula que, una vez transcurridos esos cuatro años, que en realidad habrán sido seis, sin que el funcionario estabilizado haya conseguido su certificado de catalán, el trabajador quedará sin opciones de participar en ningún procedimiento de promoción interna o de provisión ordinaria y extraordinaria «hasta que alcance el nivel exigido». De facto, esta opción podría interpretarse como el funcionario tendrá plazo ilimitado para obtener el certificado acreditativo.

En la enmienda que quiere presentar el PP también hay cambios en el nivel de catalán que se exige a determinados puestos de sanidad, pero que no son estrictamente sanitarios. La enmienda rebaja el nivel exigido para puestos como celadores y otras categorías, que ya no necesitarán en B2 cuando se apruebe.

Otra de las medidas que incorpora la enmienda del PP es el blindaje por ley de la exención del catalán en la sanidad y que su conocimiento no sea requisito sino mérito en determinados puestos, como en la atención sanitaria. El Govern aprobó esta exención por urgencia vía decreto ley, pero diputados del PSIB y de Mes presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional a instancias de la OCB, poco después de la elección de Antoni Llabrés como presidente de la entidad. El Govern teme que el Constitucional dé la razón a la OCB y busca vías para aprobar la exención por ley, así que también lo intenta con una enmienda a la regulación de los polígonos industriales.

Las claves
  1. Més denunció una posible vulneración de sus derechos

    El diputado de Més Ferran Rosa se negó a que se votara la transacción que proponía el PP para incluir medidas de catalán en la ley de polígonos. Argumento que se estaban vulnerando sus derechos ya que se presentó sin que se pudiera estudiar previamente.

  2. Enmiendas del PSIB también sin relación con la ley

    El PSIB también ha presentado una batería de enmiendas a este texto que no guardan relación con la ley de polígonos, sino con la gestión económica del Govern en caso de que se prorroguen los Presupuestos, como es el caso.

  3. El aviso de Vox al PP: votó a un socialista como coordinador

    La coordinadora de la ponencia que debate la ley de polígonos tenía que ser la diputada del PP Salomé Cabrera, pero Vox dio a un aviso a sus antiguos socios y votó a favor de que la ley la coordine el socialista Marco Guerrero.