TRÁFICO

Baleares tiene una de las tasas de mujeres conductoras más alta de España

Más del 30 % de los seguros de conducción tienen a una fémina al volante

El 31,64 % de las tomadoras de seguros de conducción en Baleares son mujeres. | DGT

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Las mujeres de Baleares lideran las tasas de conducción del país, solo por detrás de Canarias, con un 31,64 %. Más de tres de cada 10 pólizas de seguro de conducción tienen a una fémina como titular.

El porcentaje llegó a ser de un 32 % en el año 2020, pero cayó con la pandemia de la COVID-19 hasta el 31,19 % en 2021 y, a pesar de que se recupera desde entonces, aún no ha alcanzado su récord histórico. La media actual está por encima de la media española que ronda el 30 % según la patronal de empresas aseguradoras UNESPA.

El peso de las mujeres entre los conductores habituales es mayor en las provincias insulares. En Santa Cruz de Tenerife, las Palmas, Baleares y Pontevedra supera el 30 %.

Las mujeres poseen el 30 % de los turismos que hay en España y representan el 26 % del total de conductores habituales de los vehículos a motor, según la información recabada por Estamos Seguros, iniciativa de divulgación de la cultura aseguradora impulsada por UNESPA a través de la información de sus pólizas de seguros de automóvil en 2023. El peso de la mujer conductora experimenta una ligera subida interanual aunque cae notablemente respecto al 2010, su mejor año en España.

Las conductoras suelen contratar pólizas para turismos (un 30 % del total) y en menor medida de ciclomotores (un 20 %) y escúteres (un 19 %). En cambio es especialmente baja en los vehículos pesados y de trabajo. Tampoco es frecuente que sean propietarias de motocicletas.

La relevancia de las mujeres entre el total de primeros conductores de vehículos es superior en la franja comprendida entre los 18 los 35 años. Tienen uno de cada tres vehículos a esa edad, según UNESPA.

La patronal observa una «pérdida de interés por tener un vehículo a su nombre entre todos los jóvenes», cuestión que atribuye a la «mejora de las alternativas de movilidad» (transporte público, taxis y VTCs principalmente) y al «uso desincentivado por parte de los ayuntamientos».