El importe de las becas de movilidad Erasmus+ 2025 dirigidas a todas las etapas educativas tanto a estudiantes como a profesores, crece hasta los 72,5 millones, que financiará el Estado, pero mientras Andalucía concede los citados 350 euros mensuales, en Murcia solo perciben 25 euros. Y es que la cuantía de la beca puede variar entre comunidades ya que cada gobierno autonómico decide el presupuesto que quiere destinar a cofinanciarlas, los criterios de adjudicación y si complementan o no la ayuda.
En el curso actual el Govern balear tiene presupuestados para este fin 100.000 euros que se asignan como ayuda única, y, salvo en el caso de estancias en la Eurorregión, la cuantía puede variar si hay muchas solicitudes hasta un mínimo de 850 euros. Según la VI Edición del Observatorio de Cofinanciación de Becas Erasmus+ elaborado por Erasmus Student Network (ESN) la financiación pública que hace el Estado alcanzará un récord histórico en 2025, al elevarse a 72,5 millones de euros frente a los 40 millones de 2022, a los 52 millones de 2023 y a los 67 millones de 2024, sin embargo las desigualdades se mantienen entre territorios.
Aunque la inversión estatal en becas Erasmus+ beneficiará a más de 55.000 estudiantes, existe una gran disparidad de recursos y criterios de cofinanciación entre las distintas comunidades autónomas. El cálculo de la cuantía y su resolución es bien distinto. Algunos gobiernos autonómicos tienen en cuenta el coste de vida del país de destino, mientras otros fijan una ayuda única independientemente del lugar. Muchas comunidades se basan en criterios pocos inclusivos, que excluyen a personas de entornos desfavorecidos y otras utilizan requisitos de excelencia académica. Además no todas pagan la beca en los mismos plazos, los estudiantes de algunas regiones la reciben una vez que llegan al destino y otros al término de la estancia.
El Observatorio pide mejoras en Baleares
Los autores del análisis consideran que el sistema de Baleares tienen un «alto margen de mejora» porque, entre otras deficiencias, no tienen en consideración la duración de la movilidad de los estudiantes, por lo aconsejan que se fije una cuantía mensual que equilibre las ayudas. Recomiendan también que para establecer el montante de la ayuda se contemple el coste de la vida en el destino y reclama asimismo que la convocatoria y resolución de las solicitudes se realicen con más antelación para que el abono no llegue después de que los alumnos hayan completado su beca. Además, reprochan que en los criterios de adjudicación por concurrencia competitiva solo se atienda al expediente académico, y no a la situación económica del solicitante.
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