El coordinador general d’Esquerra Unida de les Illes Balears, Juanjo Martínez. | Jaume Morey

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El coordinador general d’Esquerra Unida de les Illes Balears, Juanjo Martínez, ha anunciado que interpondrá una querella contra la líder de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, por «injurias y calumnias». Este mismo martes presentará una demanda de conciliación. Además, ha comunicado que deja sus funciones de forma temporal en el partido, pero ha insistido en que «la información inicialmente revelada de forma anónima es absolutamente falsa con respecto a mi persona».

Esta es su respuesta a las acusaciones por abusos y actitudes machistas publicadas en la cuenta de Instagram abusos_baleares. Cabe destacar que Podemos ha decidido cesarlo en el consejo de administración de la EMT, donde es su representante; en las elecciones municipales de 2023 las citadas formaciones políticas se presentaron juntas. «Ninguna denuncia ha llegado a Esquerra Unida de les Illes Balears de forma interna que me pueda vincular con actitudes contrarias a la igualdad de las personas. Desmiento la existencia de expedientes internos en el seno de la organización contra mí», ha expresado.

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Martínez ha justificado las actuaciones legales contra la líder de Podemos en las Islas por «el daño irreparable a mi reputación, tanto desde la perspectiva de la estimación propia como la ajena». Por ello, ha advertido que «se utilizarán todas las herramientas a mi alcance para la denuncia y protección de mis derechos frente a cuantas personas escampen falsos bulos y rumores contra mí, tal y como se está haciendo».

Además, ha argumentado que «el punto de mira y la concreción hacia mí ha sido materializado por doña Lucía Muñoz». A su modo de ver, «nos encontramos ante una evidente campaña de desprestigio motivada por los acuerdos que Podemos Baleares y EUIB mantenemos, los cuales suponen que el próximo mes de julio la diputada actual de Podemos Baleares (Cristina Gómez), debe dimitir para ser sustituida por un miembro de EUIB».

En este sentido, ha acusado a Muñoz de «echar por tierra el derecho fundamental a la presunción de inocencia por meros rumores o por denuncias anónimas infundadas. El interés por la obtención de un rédito político, a fin de evitar el cumplimiento de los legítimos pactos alcanzados al inicio de la legislatura, unido a la falta de respeto al legítimo derecho a la presunción de inocencia, hacen pensar que dicha formación no está dispuesta a luchar con firmeza por los derechos fundamentales básicos».