Política autonómica

El último director de la Oficina Anticorrupción de Baleares, Cristóbal Milán. | Europa Press

Nekane Domblás11/02/25 12:00
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España baja en el ránking de países con más percepción de transparencia por medidas como el desmantelamiento de la Oficina Anticorrpución en las Islas. El organismo Transparencia Internacional ha presentado este martes su informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción y el resultado es que España baja cuatro puntos y diez puestos con respecto al Índice de 2023. La entidad atribuye esta caída el «desmantelamiento institucional» de oficinas anticorrupción como de la de Baleares y al estancamiento en las reformas a nivel nacional. «Sin reformas estructurales integrales y efectivas el país seguirá enfrentando descensos sustanciales», alerta el informe presentado este martes.

«La eliminación de agencias antifraude autonómicas, como en Baleares, y el debilitamiento de otras, como la AVAF, han generado una aplicación desigual de políticas anticorrupción en el territorio nacional. Solo cuatro comunidades autónomas y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas, y apenas once comunidades han establecido consejos de transparencia», denuncia el informe.

La censura de Transparencia Internacional llega después de que el Gobierno ha retirado su amenaza de llevar el cierre de la Oficina Anticorrupción al Tribunal Constitucional a cambio de que el Govern cree un organismo externo que canalice las denuncias. El informe conocido esta mañana señala, precisamente, que tampoco el Gobierno ha puesto aún en marcha este canal de denuncias por lo que no hay una «estrategia nacional anticorrupción» ya que la norma de protección de las personas que informen sobre corrupción aún no se ha aprobado.

La entidad señala que España se sitúa en la posición 46 de los 180 que forman el ránking, junto con Chipre, República Checa y Granada en el mismo puesto, una posición por encima de Fiji dos puestos por encima de Omán y dos puestos por debajo de Portugal. El informe detalla que no se ha observado un retroceso significativo en la legislación anticorrupción, pero precisa que las políticas anticorrupción «no han tenido un progreso sustancial» y además se ha producido un «importante desmantelamiento de ciertas estructuras anticorrupción a nivel autonómico», entre ellas en Baleares.

Otras de las críticas señalan a una creciente percepción negativa por el sistema judicial. «Asistimos a una importante demora del sistema judicial en el enjuiciamiento de macrocausas de corrupción, carente de recursos adecuados», afirma. Señala que el problema se ve agravado por el largo bloqueo que afectó a la renovación del CGPJ «y cuyas consecuencias se traduce en la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes». También menciona el propio funcionamiento del Tribunal Supremo y un «debilitado sistema judicial en su conjunto».