La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha negado este miércoles cualquier tipo de injerencia en la tramitación de los expedientes de la extinta Oficina Anticorrupción. «No he mirado ningún expediente. El Govern no mira quién o qué se denuncia», ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, en la que ha reconocido, en este sentido, que ha tenido que preguntar a los técnicos el estado de los expedientes y las distintas tramitaciones.
La consellera, sobre esto, ha explicado que, siguiendo lo que prescribe la ley de creación del registro de transparencia que implicaba la liquidación de la Oficina Anticorrupción, se han entregado al Parlament para su custodia unos 300 expedientes ya finalizados; dos que estaban iniciados se están tramitando según lo convenido, mientras que 228 que estaban pendientes de incoar habrían caducado.
Estarellas ha vuelto a defender la liquidación de la Oficina por su falta de transparencia y por suponer una duplicidad de funciones.
La responsable de Administraciones Públicas ha insistido en el argumento de qué desconoce el contenido de los expedientes incluso cuando la diputada del PP Cristina Gil se ha interesado por la existencia en la extinta Oficina de expedientes en relación a los casos Puerto o Varadero, los abusos sexuales a menores tuteladas, el Hat Bar, la vacunación irregular del altos cargos en pandemia o el caso de la compra de mascarillas, todos con cargos o excargos socialistas relacionados. «Miró hacia otro lado en los casos que afectaban al anterior Govern», ha señalado Gil.
Estarellas, por su parte, ha revelado que hasta funcionarios del desaparecido organismo presentaron una denuncia porque el director era quien unilateralmente decidía que denuncias prosperaban y cuáles no. La 'popular' ha reiterado las críticas al antiguo ente y ha justificado su eliminación calificándolo de «organismo inútil encargado de ocultar la corrupción». Para la diputada del PP, la Oficina se dedicó al «juego sucio» y ha puesto como ejemplo la «persecución» contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, cuyo procedimiento ha acabado archivado.
HA DESAPARECIDO LA PREVENCIÓN
La diputada del PSIB Pilar Costa, en su turno, ha lamentado que con la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción «haya desaparecido la prevención» y se haya eliminado «por una decisión política» el canal de denuncias. «Se ha robado a la ciudadanía el derecho a formular denuncias», ha indicado. Sobre este asunto, la consellera se ha referido a la situación actual de 'impasse', a la espera de que se convenie con el Estado el organismo estatal de denuncias de posibles delitos.
Costa, además, ha preguntado a Estarellas qué hará el Govern tras la absolución al exconseller Carlos Delgado y por qué se cambió el abogado de la CAIB personado en la causa. La consellera ha señalado que la Administración actuará siempre en defensa de los intereses de los ciudadanos de Baleares y ha quitado importancia al cambio de abogado. «La noticia sería que nos hubiéramos retirado o que no estuviéramos personados», ha respondido. Tanto la diputada socialista como Maria Ramon, de MÉS per Mallorca, han coincidido en afirmar que la comparecencia ha llegado tarde, nueve meses después de haberse solicitado. La ecosoberanista se ha interesado por el contenido blindado de los expedientes que ahora obran en poder del Parlament.
INACCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
La sesión de la comisión de este miércoles contaba inicialmente como primer punto del orden del día con la comparecencia del delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, para explicar, a petición del PP, su «inacción» en cuestiones como la crisis migratoria, los colapsos en Extranjería, la Seguridad Social y el aeropuerto de Palma en la dana, así como la falta de efectivos policiales. Sin embargo, Rodríguez presentó escrito comunicando que no comparecería.
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