Antoni Costa, este viernes durante su comparecencia.

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El Govern asume el coste de la gratuidad del transporte, aunque el miércoles no se aprobara el decreto ley del Gobierno estatal, porque «ahora podemos». Así lo ha indicado este viernes el portavoz del ejecutivo, vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa.

Según ha indicado, el hecho de que el Govern tenga los Presupuestos del 2024 prorrogados, no impedirá sufragarlo, en espera de que llegue la aportación estatal «pues no contemplamos otros escenario» mediante la modificación de créditos.

El conseller ha precisado que, por el momento, no hay nada nuevo sobre la negociación para las cuentas autonómicas y ha calificado de «opinión personal» un comentario del ex presidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy, que había indicado que cuando un Gobierno no puede aprobar un presupuestos debe disolver el Parlamento y convocar elecciones. Costa ha señalado que mientras el Govern balear solo lleva «unos días» de prórroga, el Gobierno de Sánchez no ha podido aprobar «ninguno» en dos años.

Sobre el coste de mantener el transporte ha dicho que lo que debería recibir del Ministerio, son 63 millones al año. Según el Gobierno central, eso es lo que se había consignado en el decreto que tumbó el PP.

Según el vicepresidente y portavoz, es «mala noticia» que Sánchez no quiera presentar un nuevo decreto para reactivar las ayudas al transporte e indicó que debería negociar con los demás grupos como, precisó, hizo el Govern con el decreto ‘omnibus’ en el apartado referido a las inundaciones o a las propuestas de Vox que se incluyeron por un error del PP.

El conseller ha añadido: «Y si no quieren aprobar un decreto ley, que sea la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la que tramite de urgencia y de forma inmediata la proposición de ley que ha propuesto y presentado el PP».

Del mismo modo que con el transporte, Costa ha recalcado que el Govern tampoco concibe otro escenario que no sea el de percibir las entregas a cuenta por el sistema de financiación autonómica, por 153,5 millones, que también han quedado en suspenso al decaer el llamado decreto omnibús. "Son impuestos pagados por los ciudadanos de Baleares, no es una dádiva de Sánchez", ha recalcado.

Aunque ahora el ejecutivo balear, en línea con los de otras comunidades autónomas del PP críticas con el Gobierno del Estado (entre ellas la de Madrid), dice que puede asumir temporalmente el coste de las ayudas, durante todo el año pasado la tesis de Baleares era que era imposible sin la aportación estatal.