Trabajadores del servicio público en una imagen de recurso. | Josep Bagur Gomila

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El STEI ha anunciado este miércoles que exigirá a los tribunales la ejecución forzosa del pago de unos 172 millones de euros que el Govern debe a unos 50.000 funcionarios de Baleares por el recorte de sueldo que se les aplicó durante la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ya dio la razón al sindicato sobre esta reclamación, en virtud de la congelación salarial aprobada por el Pacte, que decidió no aplicar la subida retributiva establecida por el Estado en 2020 y 2021, por un total del 2,9 %. Un porcentaje que supone entre 1.500 y 2.000 euros por cada trabajo público, dependiendo del salario de cada empleado.

«No tenemos, de momento, una propuesta satisfactoria por parte del Govern, motivo por el cual el martes está previsto que presentemos formalmente la petición ante el TSJIB para que la sentencia se aplique forzosamente», según explica el secretario general de este sindicato, Miquel Gelabert.

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UGT también impugnó la congelación y este mismo martes exigió al Govern reunirse para cerrar el acuerdo por el cual se establecerá cuándo y cómo se aplicara el pago. El Ejecutivo de Marga Prohens está por la labor de resolver esta deuda, pero la cuestión de fondo es en qué plazo lo hará.

Tras la sentencia a favor del STEI, emitida el pasado septiembre, se propuso abonar las cantidades atrasadas en un plazo de cinco años, algo que los sindicatos pidieron negociar al considerarlo un tiempo excesivo. Desde entonces, el Govern ha dispuesto de tres meses para alegar que no puede abonar esta cantidad de golpe, plazo que se acaba a finales de este mismo mes. De ahí que el STEI anuncia nuevos movimientos judiciales.

UGT propone al Govern que pague las cantidades pendientes en dos o tres plazos durante este año 2025 a cambio de dos condiciones: anular el recorte desde el 1 de enero y actualizar los salarios y equiparar el plus de insularidad al de Canarias, una demanda histórica del sector público de las islas, antes de que acabe la legislatura. UGT reclama, además, que el plus de insularidad se eleve por igual para todas las categorías profesionales a 400 euros para Mallorca, 600 para Menorca e Ibiza y 800 para Formentera.

USO pide recuperación salarial para los docentes de la concertada

La Federación de Enseñanza de USO Illes Balears, sindicato mayoritario de la enseñanza concertada y de los profesores de religión de la pública, ante estas noticias, ha vuelto ha reclamar que se aplique la recuperación salarial de 2020 y 2021 para la enseñanza concertada.

Esta decisión afectaría directamente a los más de 3500 docentes de la enseñanza concertada que forma parte también, del servicio público de la administración autonómica.