Las dudas las justifica «porque falta concretar y leer la letra pequeña y porque los socios diversos de Sánchez ya han cuestionado sus anuncios y, por tanto, no se garantiza que las nuevas medidas se aprueben en el Congreso ni que realmente entren en vigor».
Otro de los aspectos que sustita dudas al Govern es la medida relativa a limitar la compra de viviendas a los ciudadanos extracomunitarios no residentes. «La propuesta es una subida de impuestos, una carga fiscal de hasta 100 % del valor del inmueble, y esto ya supone reconocer implícitamente que no es factible aquello que proponía el PSIB aquí de prohibir la venta de viviendas a ciudadanos otros países de la Unión Europea».
El titular de Mobilitat del Ejecutivo autonómico considera que «Sanchez propone una subida fiscal para desincentivar la compra a los extracomunitarios. No es una limitación o restricción como tal y tampoco afectaría a los ciudadanos de países de la UE. Coincidimos con el sector inmobiliario de las Islas que ya han advertido que esto no tendrá demasiado impacto en Baleares».
Además, Mateo reitera sus dudas de que se vaya a salir adelante. «Habrá que ver si la medida se aprueba en el Congreso y entra en vigor. Según las primeras reacciones de varios socios parece que no tendrá apoyos suficientes».
Incentivos
Por otro lado, el conseller de Mobilitat insinúa que el Gobierno está copiando las políticas de incentivos de Baleares. «Otros anuncios de Sánchez muestran otra evidencia: el Gobierno de España empieza a ver que el camino es la política de incentivos, como hemos venido defendiendo desde el Govern de Marga Prohens y habíamos reclamado al Ministerio. A pesar de que tampoco parece que quiera abandonar la política intervencionista que le exigen sus socios, y que un día puede decir una cosa y en el día siguiente la contraria, sí tenemos que valorar algunas propuestas y dar la bienvenida a Sánchez a las medidas de incentivos».
En este punto, pone como ejemplo «los incentivos a los propietarios para sacar alquiler asequible, como la deducción del 100 % al IRPF a los que alquilen al precio de referencia fijado por el Ministerio; sin imponer, sino incentivando, a pesar de no se encuentren en una zona no declarada como tensionada, como Baleares.
Mateo señala que otras medidas para estimular la salida de pisos vacíos al mercado como la puesta en marcha de «un sistema de garantías públicas de pago a los propietarios que pongan viviendas vacías en el mercado, con el mismo objetivo y en la línea de nuestro programa Lloguer Segur del Govern; o las ayudas a la rehabilitación de pisos vacíos para sacar en alquiler de precio asequible, con fondos del estado para las CCAA».
No obstante, matiza que «el sistema de garantías públicas de pago a los propietarios que pongan viviendas vacías en el mercado es otra evidencia de la inseguridad jurídica que ha creado la ley estatal de vivienda a los propietarios, favoreciendo la okupación y la inquiokupación. Frente a este problema, el Govern ya ha propuesto la derogación de la ley estatal de vivienda, que también es uno de los puntos estratégicos de las propuestas del PP recogidas en la Declaración de Asturias».
1 comentario
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Son parches. El problema de la inseguridad jurídica del arrendador lo ha creado este Gobierno con su continuada diarrea legislativa pro morosos, inquiokupas y squatters. Cambiar constantemente las reglas disuade de arrendar. Si se aprobara un fichero de morosos y okupas inmobiliarios al igual del que disfrutan los bancos a la hora de estudiar préstamos; se garantizara el lanzamiento del moroso en breve plazo y se derogaran las protecciones a los inquiokupas y usurpadores, y si la protección a "vulnerables" no se endosara a los particulares arrendadores, aflorarían viviendas al mercado. Además es imposible construir viviendas al mismo ritmo que aumenta la llegada de paga-pensiones.