Hasta ahora, el alquiler turístico estaba exento de IVA y los propietarios debían declarar los ingresos en su IRPF o, en el caso de empresas, en el impuesto de sociedades. Solo los que prestaban servicios turísticos abonan el diez. | R.L.

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PSOE y Sumar alcanzaron esta semana un acuerdo para aprobar un nuevo paquete fiscal para el próximo año. En él se incluye la introducción de un IVA al 21 por ciento para los apartamentos turísticos, «con el fin de recortar su rentabilidad y transformarlos en viviendas para el alquiler permanente, aliviando la falta de vivienda habitual en las zonas tensionadas». La medida debe ser aún aprobada por el Congreso de los Diputados y, ahora mismo aún está en el aire a la espera de un acuerdo legislativo más amplio la próxima semana.

De entrar en vigor, supondría la creación de un impuesto nuevo en la práctica. Hasta ahora, el alquiler turístico no tributa IVA salvo que ofrezca servicios turísticos; en ese caso lo hace al diez por ciento, al igual que todas las empresas hoteleras. El abogado fiscalista, Alejandro del Campo, señala que ahora mismo todos los arrendamientos son operaciones sujetas a IVA. Sin embargo, la normativa exime a las viviendas. A todas; no así a locales y aparcamientos.

Hasta ahora, las diferencias fiscales estaban cuando el propietario tenía que tributar en su impuesto de la renta lo que había obtenido por esos alquileres. Ahí, Del Campo, recuerda que el arrendamiento turístico ya está «muy penalizado fiscalmente». Un propietario que alquila una vivienda de forma permanente, se puede descontar cualquier gasto en el que haya incurrido en la vivienda y, sobre el rendimiento neto, obtiene una bonificación del cincuenta por ciento en el impuesto. En el caso del turístico esa segunda ventaja desaparece totalmente y, sobre la primera, solo se descuentan los gastos de forma proporcional al tiempo en el que haya estado arrendado el inmueble. «Te pegan un castañazo», sintetiza el abogado. «El alquiler turístico obtiene muy buena rentabilidad, pero el IRPF ya lo desincentiva; fiscalmente está muy penalizado ya». El IVA sería una segunda vuelta de tuerca pero, con posibles efectos secundarios.

Esas consecuencias indirectas apuntan, según Del Campo Zafra, al mercado de la vivienda. Si se aprueba el impuesto, los arrendadores turístico tendrán que recaudar ese tributo e incrementar lo que cobran a sus clientes. Sin embargo, en paralelo, también podrán descontar el IVA que soportan relacionados con la vivienda vacacional. Es decir, podrían compensar el impuesto que pagan por obras de reforma y todo tipo de inversiones en ese inmueble y, también, en algunos casos por la adquisición de pisos o chalés.

Al comprar una vivienda nueva, el comprador paga IVA al promotor del piso. Si no hay más cambios en el paquete fiscal, un comprador de un inmueble de nueva construcción que lo vaya a destinar a alquiler turístico podría compensar ese IVA de la compra con el que declara por el arrendamiento. En el mercado de segunda mano, también es posible que exista IVA cuando el vendedor es un arrendador y en algunos otros supuestos.

Sin embargo, el cambio en normativa, todavía no parece claro. Tenía que ser aprobada en comisión en el Congreso esta semana, pero se ha aplazado la votación ante la falta de acuerdo. La gerente de la Aptur, la asociación de alquiler turístico, María Gibert espera que no se concrete. «Por ahora es solo una propuesta y no tienen todos los apoyos. Nos gustariá pronunciarnos sobre algo real», señala.
En cualquier caso tilda de «despropósito la propuesta»: «Perjudica a la clase media, a familias que ponene en alquiler una propiedad druante un tiempo», señala. También consiera un «agravio comparativo» que el tipo a aplicar sea el 21 por ciento, cuando el que grava al sector hotelero es del 10.

El paquete fiscal incluye, además del impuesto al alquiler turístico una serie de medidas como un aumento del impuesto de sociedades a grandes empresas, un nuevo tributo para gravar bienes como jets o yates de hiperlujo o tasas para los vapeadores. La negociación se le ha atragantado al Gobierno que el pasado jueves suspendió en el último momento la comisión que tenía que debatir el tributo. Por ahora, el ejecutivo solo tiene garantizados los votos de Sumar y cuenta con la oposición de Junts y el PNV a varias de las medidas. La próxima semana debe retomarse la negociación.