El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de los ciudadanos de Mallorca. | Pere Bota

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La asociación de consumidores Consubal ha denunciado a tres inmobiliarias de Mallorca por cobrar gastos ilegales. Así lo ha confirmado el presidente de la citada entidad, Alfonso Rodríguez, que ha precisado que ha presentado la queja ante la dirección general de Consumo del Gobierno de España. Precisamente, el Ministerio de Consumo informó este pasado lunes que investiga a varias inmobiliarias por cobrar comisiones a inquilinos por arrendar viviendas.

Rodríguez no ha querido dar los nombres de las empresas a las que han denunciado por una cuestión de protección de datos, pero sí ha comunicado que las irregularidades cometidas son por cobrar un mes de agencia y por emitir una copia del contrato. Estas prácticas han tenido lugar en Palma, Llucmajor y Calvià.

El presidente de la asociación de consumidores Consubal ha advertido que las agencias inmobiliarias «no pueden repercutir ninguna comisión, solo pueden facturar aquella gestión que se les encomienda, es decir, la búsqueda de la vivienda si así se le encarga». Aunque aún no han presentado denuncia por este hecho en concreto, ha señalado que otra de las ilegalidades que han detectado es el cobro de comisiones por enseñar el piso. «Las inmobiliarias con la nueva ley están buscando nuevas fórmulas para seguir cobrando comisiones; incluso las hemos visto por asesorar en el alquiler, cuando realmente lo único que ha hecho es enseñar la propiedad».

Además, ha señalado que «se está poniendo muy de moda por cobrar por la redacción del contrato, cuando el inquilino no tiene la obligación de abonarlo, es algo que le corresponde al propietario». Rodríguez ha resaltado que cada vez están recibiendo más quejas de irregularidades cometidas por parte de inmobiliarias y ha concretado que también han detectado muchas de ellas en las redes sociales. Todas ellas se están estudiando por si cabe presentar la denuncia pertinente.

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Sanciones

El representante de los consumidores avisa que estas prácticas fraudulentas pueden acarrear multas importantes. En concreto, el cobro por prestaciones no solicitadas o la realización de prácticas comerciales desleales son consideradas infracciones graves y están penadas con multas de hasta 100.000 euros. No obstante, estas cantidades se podrían superar hasta llegar a entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Denunciar a las agencias infractoras

La expresidenta de la asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Natalia Buen, considera que «habría que poner nombres a las agencias que siguen burlando la ley y que el consumidor lo ponga en conocimiento de Consumo. Si son agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados pueden comunicarlo también al colegio para apertura expediente. También tendrían que denunciar al agente y propietario que hacen contratos de temporada sabiendo que realmente es de primera vivienda. Hay muchos casos de extorsión».

Bueno insiste en que «por alquileres de larga duración, las agencias no pueden cobrar nada al futuro inquilino por ningún concepto. Quedan excluidos los alquileres de temporada, vacacionales y los alquileres de locales, parkings, naves agrícolas».

Las grandes agencias de alquiler temen una maniobra del Gobierno para hacerlas desaparecer

Tras la investigación anunciada por el Ministerio de Consumo, las grandes empresas de gestión del alquiler de vivienda han expresado su malestar y temen que haya una «operación» de Sumar desde el Gobierno para hacerlas «desaparecer», aseguran fuentes del sector. Alquiler Seguro, Agencia Negociadora del Alquiler y Renta Garantizada son algunas de las principales compañías que operan en este mercado y a las que, según las fuentes, Consumo está «decidido a sancionar porque quieren que los profesionales del alquiler desaparezcan y se dediquen solo a la compraventa».