Fotomontaje de la ciudad de Palma bajo una lupa. | patricia lozano

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El cruce de datos entre la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB) y los consells insulares ha sacado la luz unas 8.700 viviendas de alquiler turístico en situación irregular en las Islas. Esos son los primeros resultados que ha dado la iniciativa anunciada por el Govern el pasado septiembre para optimizar el control de las viviendas vacacionales ilegales, estrategia basada en la supervisión del pago del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido popularmente como ecotasa.

De esta manera, la ATIB ya ha detectado importantes descuadres que alcanzan la cifra de inmuebles reseñada. Se trata de viviendas que, o bien figuran en el registro de los consells y no pagan el ITS, o bien sí lo pagan pero no están registradas. Cabe señalar que los datos del Consell de Ibiza todavía están siendo analizados, por lo que la cifra global incorpora una estimación de los datos de la mayor de las Pitiusas mediante una extrapolación de los correspondientes a Mallorca y Menorca.

El protocolo de actuación en estos casos marca, en primer lugar, la notificación de estos descuadres a los propietarios de las viviendas detectadas en situación irregular. En ese sentido, la ATIB procederá posteriormente a realizar las comprobaciones oportunas y abrirá los expedientes de sanción por impago del ITS que considere justificados. Asimismo, en virtud del convenio de colaboración suscrito trasladará toda la documentación a las instituciones insulares para que éstas inicien sus propios expedientes sancionadores en los casos que consideren oportuno.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, se comprometió en septiembre a desarrollar una fórmula que permitiera compartir con los consells insulares los datos sobre viviendas de alquiler turístico que acababa de obtener la ATIB para comprobar si los arrendamientos que gestionan las empresas intermediarias -esto es, los portales de comercialización on-line como Booking, AirBnB o Tripadvisor- están dados de alta en el censo del ITS.

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Dichos datos fueron analizados desde finales del año pasado después de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) los suministrase. Una medida que se ampara en la sentencia del 27 de abril de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) según la cual, los intermediarios están obligados a facilitar la información tributaria a Hacienda, a fin, precisamente, de controlar los arrendamientos y la recaudación de los impuestos correspondientes del alquiler de los alojamientos turístico.

Todo este proceso ha podido ser agilizado igualmente a raíz del acuerdo entre Booking y el Ejecutivo autonómico, anunciado en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Se trata de un proyecto piloto de colaboración concebido antes de la entrada en vigor de la nueva normativa europea y que compromete a la empresa a aumentar la transparencia en el ámbito del alquiler de alojamientos de corta duración para ayudar a las autoridades públicas a regular esta parte cada vez más importante del sector turístico.

Desde el Govern aseguran que estos resultados no suponen más que una avanzadilla de lo que está por venir, una vez se continúe con las inspecciones y estas se vean ampliadas y optimizadas. De ese modo, la cifra de viviendas turísticas irregulares denunciadas va a ir con toda seguridad en aumento. Además, se prosigue con vías de vigilancia paralelas, habida cuenta de que muchas de las viviendas de alquiler vacacional en las Islas ni siquiera se publicitan en las plataformas de comercialización tradicionales.

Por otro lado, Costa anunció el viernes que el proceso de regularización de construcciones ilegales en suelo rústico previsto por el Govern prohibirá destinar a alquiler turístico las construcciones que se regularicen. «Puedo anticipar que estas viviendas no se podrán destinar a alquiler turístico», respondió en relación con el decreto de simplificación administrativa que se está tramitando y que incluirá un proceso extraordinario de regularización.