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La presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares, Francina Armengol , «jamás» habló con José Luis Ábalos sobre las mascarillas del caso Koldo ni de la reclamación que inició para solicitar la devolución de una parte de su importe al comprobar que no se adecuaban al contrato firmado , según han avanzado fuentes cercanas a la presidenta.

El entorno de la expresidenta balear ha transmitido esta información después de conocerse que el juez que investiga el caso Koldo afirmara que el exministro socialista actuó como « intermediario » en las «gestiones» realizadas por su exasesor Koldo García para tratar de «solucionar» la reclamación de 2,6 millones de euros del Govern balear a la empresa de la trama.

Las mismas fuentes niegan que la presidenta recibiera ninguna presión para que se retirara dicha reclamación que se inicia en marzo de 2023. Según el auto fechado el pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso Efe este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sitúa a Ábalos en una reunión con Koldo García el 10 de enero de este año en una marisquería de Madrid con el fin de que se llegase a un acuerdo en el marco de la reclamación de 2,6 millones efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra de 1,5 millones de mascarillas.

Armengol se ha mostrado sorprendida por todas las informaciones que están saliendo a la luz y fuentes cercanas a ella reiteran que en todo caso esa intermediación sería con el actual gobierno de Baleares ya que niega cualquier contacto con ella. Las mismas fuentes inciden en que toda la contratación se hizo de forma legal, fue fiscalizada y los contratos no dependían de la decisión personal de la expresidenta balear sino de la administración al ser una responsabilidad funcionarial. Por otra parte, avisan que las mascarillas no eran falsas ya que aunque no valían como material sanitario para los hospitales podían tener otro uso.

Según las mismas fuentes, en abril de 2020 el Ministerio de Transportes informa al Gobierno balear que están contratando con una empresa que tiene mascarillas y es el 24 de ese mes cuando la empresa confirma al Servicio de Salud de Baleares que puede surtir 1,4 millones de mascarillas. El IB-Salut realiza la contratación el 29 de abril y el 25 de mayo se envían a analizar, «una práctica que el gobierno balear realizaba con todos los pedidos como una comprobación extra para mayores garantías para las personas».

El 8 de junio los técnicos concluyen que las mascarillas no tienen la suficiente calidad para profesionales sanitarios, aunque sí para uso en la calle y por ese motivo se almacenan, por si fueran necesarias, tal y como marcó el criterio de la Organización Mundial de la Salud , y por si se hubiera de realizar una posterior reclamación por incumplimiento parcial del contrato. En este sentido, fuentes cercanas al gobierno de Armengol reiteran que en que la Intervención de la Comunidad Autónoma de Baleares fiscalizó en 2021 y 2022 más de medio centenar de expedientes, entre ellos el de la empresa vinculada en el caso Koldo, y concluyó que no hubo ninguna irregularidad.

El 20 de marzo de 2023 el director general del Servicio de Salud balear informa por escrito a la empresa de la reclamación de ese dinero y el 5 de mayo se lanza el expediente de reclamación formal por incumplimiento del contrato y se reclaman 2,6 millones de euros de los 3,7 pagados. Señalan que el informe se deja firmado y la reclamación iniciada, y así se da cuenta de ello se al gobierno entrante del PP. «El Govern balear fue el perjudicado por la diferencia de precio y por eso reclamó en tiempo y forma», reiteran las mismas fuentes al tiempo que se preguntan «¿ por qué el Govern actual dejó caer la reclamación que puso el Govern de Armengol ?».

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