Fiscalía reclama siete años para un oficial de notaría por falsedad

El investigado era un empleado de un notario en el centro de Palma con décadas de antigüedad y un cargo de responsabilidad en la oficina. Según la calificación de la Fiscalía se aprovechó del acceso que tenía a todo el material necesario para elaborar documentos notariales y del hecho de que conocía perfectamente como era la firma de los notarios para los que trabajaba. Así elaboró una serie de documentos apócrifos, «con grave daño para la fe pública notarial y para el tráfico jurídico», según el Ministerio Público.

Dos de los documentos eran poderes por lo que se otorgaba a sí mismo la capacidad para representar en distintos negocios a su esposa y a sus hermanas. El primero lo empleó, según la acusación para endosar una serie de talones y más tarde para suscribir dos préstamos con garantía hipotecaria sobre un inmueble de su cónyuge. Con ese poder obtuvo 167.000 euros de un prestamista particular y 71.000 de otro, ambos en el año 2019. El de mayor cuantía no terminó de pagarlo. Sin embargo, en abril de 2020 hizo un segundo documento falso suplantando la identidad del notario en el que este certificaba que se había abonado y que la hipoteca quedaba cancelada. Ese escrito fue más tarde llevado al registro de la propiedad para hacer desaparecer, formalmente, la hipoteca, según relata la acusación.

Con el otro poder que se hizo, a nombre de sus hermanas, repitió una operación similar: otras dos hipotecas, incluso con prestamistas coincidentes, sobre una finca propiedad de sus familiares. Las cuantías fueron de 100.000 y de 111.000 euros respectivamente y, de nuevo, fueron registradas las hipotecas, el dinero entregado, pero más tarde no se devolvió el capital.

Lo ocurrido dio lugar a una investigación judicial en la que el propio acusado presentó una autodenuncia en el año 2020. La Fiscalía califica los hechos como un delito de falsedad cometida por funcionario público, lo que eleva mucho la pena de cárcel que reclama y no reconoce ningún tipo de atenuante por confesión. Junto a la pena de prisión, le reclama el pago de 450.000 euros por los préstamos, aunque de esta cantidad también hace responsable a la entidad aseguradora que en aquel momento trabajaba para el Consejo General del Notariado.